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Por Oscar Miguel Rivera Hernández | 14 de marzo de 2025
Parece que el PAN tiene memoria corta, o mejor dicho, memoria selectiva. Su líder nacional, Jorge Romero, ha salido a clamar justicia por el crematorio clandestino descubierto en la comunidad de Teuchitlán, Jalisco. Exige que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables, como si el partido que encabeza no tuviera nada que ver con la violencia que hoy azota al país. Noble gesto, claro, pero si nos ponemos a analizar la historia, resulta que este tipo de tragedias no son obra de la casualidad, sino de décadas de omisión, complicidad y malas decisiones políticas.
¿De quién hablamos cuando mencionamos a los responsables de la crisis de violencia en México? No es solo un problema del presente, sino el resultado de años y años de gobiernos que miraron hacia otro lado mientras el crimen organizado crecía y se fortalecía. Todos los partidos que han estado en el poder tienen su parte de culpa. Y sí, el PAN también, aunque hoy quieran ponerse en el papel de indignados. Recordemos que, hasta hace poco, este mismo partido era liderado por Marko Cortés, quien tampoco hizo gran cosa para frenar la inseguridad.
La crisis de violencia que vivimos no surgió de la nada. Uno de los capítulos más oscuros comenzó con Felipe Calderón y su famosa “guerra contra el narco”. Una guerra que dejó miles de muertos, desaparecidos y un país más dividido y violento que nunca. Y para rematar, su brazo derecho en esa lucha, Genaro García Luna, terminó en prisión en Estados Unidos por colaborar con el crimen organizado. Pero ahora resulta que el PAN quiere darnos lecciones de justicia y moralidad. Qué conveniente.
Mientras tanto, las verdaderas heroínas en esta historia son las madres buscadoras. Ellas, sin recursos ni protección, han hecho el trabajo que les corresponde a las autoridades. Son ellas quienes han encontrado fosas clandestinas, restos humanos y evidencia de la barbarie que se vive en el país. Y ahora aparecen los panistas indignados, como si no hubieran tenido nada que ver con este desastre. Hipocresía pura.
El otro actor en esta historia es la Fiscalía de Jalisco. Dicen que han hecho su trabajo, que han investigado y que han buscado justicia, pero los hechos demuestran lo contrario. Se ha sabido que el caso del crematorio clandestino “se les salió de las manos”. Tan fuera de control estaba la situación que el titular de la Fiscalía, Salvador González de los Santos, tuvo que salir de su oficina para hacer acto de presencia en la zona. Algo que debió haber hecho desde hace seis meses.
Según la versión oficial, el 19 de septiembre realizaron un primer rastreo en el lugar. Más de diez personas participaron en la búsqueda, utilizando retroexcavadoras, medidores de compactación del suelo y binomios caninos. Pero aquí surge la gran pregunta: si realmente hicieron su trabajo, ¿cómo es que no vieron los vestigios que después encontraron los activistas? ¿Cómo es posible que con toda la tecnología y recursos disponibles no hayan hallado lo que personas comunes y corrientes sí lograron descubrir?
Pero hay más. Resulta que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue la que se hizo cargo del resguardo del predio y de las investigaciones. Sin embargo, otro dato clave fue publicado en Televisa Guadalajara, donde el reportero Julio Silva documentó la llegada de los 10 detenidos a la Fiscalía de Jalisco. Es decir, el asunto lo resolvió la Guardia Nacional, la cual fue agredida por sujetos que estaban en el rancho. Pero, una vez asegurado el lugar, la responsabilidad de la investigación y el peritaje recayó en la Fiscalía de Jalisco, que simplemente no hizo su trabajo.
El Gobierno Federal siguió patrullando la zona, pero no regresó al predio porque estaba bajo resguardo y peritaje estatal. Esto significa que, en gran medida, la responsabilidad de la negligencia recae en el exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. ¿Y dónde está Alfaro ahora? De vacaciones en Europa, como si nada pasara. Durante sus seis años de gobierno, nunca se preocupó por hacer lo que le correspondía. Se mostró ajeno al tema de los desaparecidos, insensible y complaciente con los grupos del narcotráfico o, simplemente, cerró los ojos y tapó los oídos. El resultado es, un incremento considerable en las cifras de desaparecidos. Mientras que en el periodo de Aristóteles Sandoval hubo alrededor de 6 mil desaparecidos, con Alfaro la cifra rebasó los 9 mil.
Es curioso cómo la indignación en este país aparece y desaparece según la conveniencia política. Cuando las cosas salen mal bajo gobiernos de oposición, los panistas y priistas se rasgan las vestiduras y exigen justicia. Pero cuando ellos fueron los responsables de sembrar el caos, se quedan callados, miran hacia otro lado o culpan a alguien más.
Los hechos son los hechos. México no está así por obra del destino ni por mala suerte. Está así porque durante décadas, los gobernantes de esos dos partidos permitieron que el crimen creciera, que las instituciones se debilitaran y que la impunidad reinara. Y ahora que la situación es insostenible, algunos se indignan y exigen justicia. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no levantaron la voz cuando tuvieron el poder para hacer algo al respecto?
Hoy Jorge Romero y el PAN quieren vendernos la idea de que ellos son los buenos en esta historia. Que están del lado de las víctimas y que buscan justicia. Pero la realidad es que fueron parte del problema. Y nada más falta que también Enrique Alfaro salga zafándose del problema o critique al gobierno estatal por los hechos que se suscitaron en su periodo de gobierno.
Mientras sigan usando la tragedia como un arma política en lugar de asumir su responsabilidad, nada va a cambiar. Porque la impunidad no distingue colores, pero la conveniencia política sí.
