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Oscar Miguel Rivera Hernández | 22 de agosto 2023
En el universo de prioridades en el que se encuentra sumergida la sociedad, el último año ha sido testigo de un espectáculo curioso: el arte de equilibrar necesidades y deseos con el escenario de los recursos limitados. Mientras las promesas de «Por el bien de todos, primero los pobres» resuena en el aire, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) anuncia un sorprendente incremento del 53% en el presupuesto de los partidos políticos para el año 2024.
En este gran desfile de las “prioridades”, uno no puede evitar cuestionar la sabiduría detrás de esta decisión. ¿Por qué, en un país donde las brechas sociales parecen tan profundas como los océanos, los recursos del pueblo se destinan a financiar las actividades de partidos políticos? ¿No sería más razonable utilizar esos fondos para impulsar el desarrollo social, abordar los problemas de salud o fortalecer la educación?
Al margen de lo anterior, el Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de fiscalizar y detectar recursos ilícitos, se enfrenta a un desafío monumental. Con el crecimiento exponencial de los fondos destinados a los partidos, la pregunta obvia es si el INE tendrá el tiempo y los recursos necesarios para garantizar que estos dineros se utilicen conforme a la ley. Expertos en la materia apuntan a las dificultades inherentes de rastrear el origen de los recursos, especialmente cuando se trata de financiamiento ilícito.
Regresamos, en una era donde la retórica política promete «…Primero los pobres», este aumento estratosférico del presupuesto de los partidos políticos se siente como una contradicción palpable. Si el objetivo es realmente el bienestar de los más necesitados, ¿no deberíamos considerar que esos miles de millones podrían tener un impacto más directo si se canalizaran hacia programas que aborden la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades?
La situación plantea una interrogante aún más profunda: ¿son los partidos políticos los actores ideales para la inversión de estos recursos? ¿En un sistema donde la realidad a menudo no se alinea con la retórica, los ciudadanos pueden confiar en que estos fondos serán utilizados para fines legítimos y constructivos? La falta de transparencia y rendición de cuentas en el pasado arroja sombras de duda sobre esta premisa.
El desfile de las prioridades continúa, con cada partido político esperando su porción de la tarta presupuestaria. La aritmética es clara: más dinero para las actividades ordinarias, más dinero para las campañas. Pero, ¿cómo se alinea esto con el bienestar de la sociedad? Si los fondos públicos se destinan a financiar las actividades de los partidos, ¿no debería existir una relación más directa entre estas inversiones y el progreso real?
Es hora de preguntarnos si la estructura actual es la correcta. En lugar de simplemente dar más dinero a los partidos, ¿no deberíamos centrarnos en fortalecer los mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas? ¿No deberíamos canalizar estos fondos hacia programas y proyectos que aborden directamente las necesidades de la sociedad? Después de todo, el gran desfile de la política debería ser más que solo un espectáculo de cifras; debería ser una demostración tangible de compromiso con el bienestar de todos.
