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Cinthya Gómez | @KioscoInfo | 19 de septiembre de 2018
El tres de tres, esa práctica instaurada por Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que promueve la transparencia en los bienes de los funcionarios públicos, así como sus declaraciones fiscales y de pago de impuestos instituida como bandera de muchos gobiernos y funcionarios, debería de demostrar su efectividad durante el cambio de administraciones que está próximo a registrarse. En teoría.
En 11 días más, las administraciones municipales que comenzaron labores en octubre de 2015, habrán de concluir sus trabajos para pasar la estafeta a los nuevos cuerpos edilicios y sus alcaldes, así como directores, coordinadores y jefes de dependencias.
Con ello, el proceso implícito de rendición de cuentas y de transparencia estarán a la orden del día, o al menos eso es lo que debería estar sucediendo.
Por parte de los organismos salientes se deberá entregar toda la documentación en orden sobre los procesos y estados actuales de cada aspecto de la vida e historia del municipio, por otro lado, las autoridades entrantes deberán tutelar que en efecto lo que se entrega es preciso y coincide con lo que se recibe, además les toca analizar que los recursos públicos ejercidos por la administración saliente no fueron objeto de irregularidades, malversaciones, desfalcos, desvíos, triangulaciones, etcétera.
Pero en la práctica un tres de tres poco servirá para rastrear las irregularidades que se pudieran haber suscitado.
El profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) Alfonso Partida Caballero, quien fungió en el pasado como Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Jalisco y fue también como agente del Ministerio Público en la entidad, señaló que, aunque los mecanismos como el tres de tres y todos los ejercicios de transparencia son necesarios para la gobernanza y el combate a la corrupción, poco podrán demostrar o ayudar en este cambio de administración.
“Hasta ahorita nada. Bueno, cualquier ejercicio que se haga de transparencia, es loable, pero se cometen muchas trampas. No hay un sentido de legalidad de parte de los ciudadanos, ni de parte del gobierno, la verdad es que siguen existiendo paraísos fiscales”, comentó el especialista en combate a la corrupción en el país, quien agregó que el fraude a las arcas municipales es vista ya como una práctica común.
El académico señaló que se ha normalizado la práctica de la defraudación a los municipios, la entrega de Obra Pública Irregular, y el dinero devenido de dichos fraudes termina siendo lavado a través de la compra de terrenos, casas, entre otros bienes.
“Son cantidades estratosféricas que cualquier persona se puede dar cuenta. Cualquier investigador lo puede saber, pero es lamentable que el estado no lo haga”, agregó.
Además lamentó que la tecnología no pueda ser utilizada para perseguir o rastrear el dinero que se deriva de estas malversaciones.
