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Julio Ríos | @julio_rios | 14 de diciembre de 2018
La serie de dimes y diretes que enfrentaron a los tres poderes, por la ley que pretende bajar el salario a los altos funcionarios nos dejó un mal sabor de boca. No sólo por la tensión entre poderes, reflejada en un anecdótico saludo gélido entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis María Aguilar y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante la ceremonia en la que el primero rindió su informe de actividades.
Más bien porque estos jaloneos nos confirman que algunos personajes de la clase política, y en este caso, del Poder Judicial, están más preocupados por mantener sus privilegios históricos, que por servir al pueblo que les da de comer, a cambio por cierto, de un trabajo que no está bien calificado por los ciudadanos en la mayoría de los estudios demoscópicos.
La ley debe de servir al hombre y no al revés.
Pero tristemente algunos representantes de la clase política se han cobijado en esa la legalidad para no renunciar a esos ingresos, que en los casos de los ministros son de aproximadamente 28 mil dólares mensuales (entre sueldo y otras percepciones).
Muchos se preguntan: ¿Es ético cobrar esos salarios en un país con tantas necesidades? Y es que con el salario anual de los once ministros (el que ellos aceptan de 250 mil pesos mensuales, no el que dice AMLO, de 600 mil) podrían construirse aproximadamente cinco centros de salud, o comprarse más de cien unidades de ultrasonido para estudios obstétricos para mujeres en comunidades rurales.
Aquí quisiera hacer un paréntesis. Cualquier libro de filosofía del derecho enseña porque la ley y la justicia son cosas distintas. Pero en la vida cotidiana los mexicanos vivimos experiencias en carne propia, que hasta pareciera que ya no necesitamos siquiera leer a esos tratadistas.
Uno de los grandes problemas del sistema jurídico mexicano es que está diseñado para para hacer respetar la ley a la letra y no la justicia.
Por eso se han dado casos de delincuentes que salen a la calle, pero eso sí, con resoluciones que son muy apegadas a derecho, pero que está despegadas de la justicia y la moral. “Entiende que nuestro trabajo es aplicar la ley”, se justifican algunos. Como robots sin criterio propio. Esclavos de la letra.
Es eso, y algunos escándalos de nepotismo o de corrupción, lo que ha desprestigiado -sin generalizar por supuesto- al Poder judicial como institución. No es la campaña que el Gobierno Federal ha emprendido en contra de ellos en los últimos días.
Lo malo no es que cobren mucho dinero. Sino los resultados, que en distintos estudios no son halagadores. Basta leer, por ejemplo, las evaluaciones del IMCO .
Ese desprestigio del Poder Judicial no es nuevo. Viene desde el siglo XIX. Sólo basta revisar los documentos históricos de la época . En las últimas décadas no se ha podido sanar esa maltrecha imagen y muchos intelectuales, como Lorenzo Meyer, se atreven a decir que se ha agudizado.
Sergio Aguayo, otro intelectual, también asegura que para muchos ciudadanos, el sólo pensar en tener que emprender algún proceso judicial, es para dar escalofríos. Tortuguismo en el peor de los casos. Y los cobros por agilizar promociones o por dictar sentencias, también han sido denunciados por Colegios de Abogados y litigantes.
Por eso, en los estudios demoscópicos del Gabinete de Comunicación estratégica el Poder Judicial es de los que aparece peor evaluados por la percepción de los ciudadanos.
Otro de los argumentos de algunos integrantes del Poder Judicial para defender sus altos salarios es que se requiere cobrar muy bien para ser independientes y para no corromperse.
Alegar que se necesita un buen sueldo para no corromperse, me parece, con todo respeto, un sinsentido en una profesión en el que ser honesto es el valor fundamental. Mantenerse íntegro es cosa de valores. No de salarios.
Aseguran además que tienen un derecho adquirido y que algunos incluso ya hasta tienen créditos o compromisos financieros. Puede ser. Pero tampoco se les pide que vivan como monjes franciscanos.
Y ojo. No es que sea mal visto cobrar bien. Lo que es mal visto, es que no haya la más mínima intención de apretarse el cinturón, aunque sea un poquito. Sensibilidad y empatía es lo que se pide.
No se les está pidiendo que ganen cinco mil pesos al mes como es el promedio mexicano para cualquier ciudadano. Se les está pidiendo que ganen menos que el presidente es decir menos de 106 mil pesos mensuales. ¿Acaso 99 mil pesos no es un sueldo digno?
La impresión que han dejado ante los ciudadanos, con esa resistencia, es que un sueldo de 100 mil pesos les parece poca cosa. Y más cuando algunos medios han ventilado la vida de magnate que algunos ministros se dan, según reportaron medios de comunicación.
Así que no se necesita un doctorado en hermenéutica. Solo una pizca de sensatez, para saber que la Ley de Remuneraciones (aunque malhecha, con deficiente técnica legislativa) es justa en su espíritu.
Bienvenida la reducción de salarios a los funcionarios de primer nivel.
Aunque es cierto. A nadie le conviene la tensión y enfrentamientos en tres poderes. Lo que debe darse es por la vía del diálogo como han pactado ya ministros y diputados. No con una embestida ni con una imposición del Ejecutivo.
Y es que a los ministros y jueces no les queda de otra. Aunque en lo legal (que no siempre es justo, ni moral) van a ganarla –porque ellos mismos son juez y parte- en lo social, la tienen perdida.
Y también podrían ver la derrota en otros terrenos. Porque el lopezobradorismo ya está amagando con una iniciativa en la cual proponen reformar la constitución para remover a todos los ministros –ya se ha hecho con magistrados electorales o consejeros por ejemplo- y renovar a la Corte con aspirantes que harían campaña para pedir el voto popular (lo cual me parece excesivo).
Lo cierto es que el amago está en la mesa.
