Francisco Jiménez Reynoso | @jimenezabogado | 17 de febrero del 2020
Desde hace varias décadas se les ha quedado a deber a los guardianes del orden y diversos actores que tienen actividades de Alto Riesgo en nuestra entidad, Jalisco.
Hace un par de meses, tuve el privilegio de ser invitado a participar en un foro relacionado con la situación que viven los Servidores Públicos, que desempeñan actividades de alto riesgo, como lo son: policías, bomberos, entre otros, y presentar una propuesta de mejorar las condiciones laborales de este sector de la sociedad, que se encarga de llevar a cabo actividades que implican alto riesgo para su vida e integridad.
Sabemos la situación en la que vivimos, una inseguridad y violencia desbordada en nuestras calles, y autoridades totalmente rebasadas por la delincuencia organizada, incluso informal.
Por décadas, el policía en Jalisco ha sido maltratado y olvidado. En algunos casos, las instituciones policiacas han servido como juguetes de políticos que las toman por el simple hecho de que pueden hacerlo, sin importar las consecuencias de ello. Interrumpiendo el servicio profesional de carrera, escalafón y por ende la profesionalización de dichas instituciones.
Desde hace un par de décadas, hemos señalado y advertido que las instituciones policiacas deben tender a la profesionalización, y evitar a la politización, incluso la partidización de las mismas. Es tiempo de generar las condiciones para crear y respetar planes policiales a corto, mediano y largo plazo.
Finalmente después de mucho tiempo, la Comision Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, ha puesto su atención en los Servidores Públicos, que llevan a cavo actividades de alto riesgo, con la primer recomendación de este año 001/2020, con fecha 13 de febrero del presente año. Las deficiencias que tienen los policías son varias y delicadas:
“La CEDHJ considera que la seguridad pública no es posible si a quienes son los principales responsables de garantizarla no se les respetan sus derechos humanos ni cuentan con las condiciones, equipamiento y elementos mínimos para desempeñar su trabajo de manera adecuada”. Para la investigación se elaboraron reactivos que se enviaron a los 125 municipios de Jalisco, es importante destacar que solo 81 de los mismos contestaron.
No todos los elementos policiales del estado, así como de los municipios, cuentan con seguridad social. De la misma manera, no todos están afiliados al Instituto de Pensiones del estado de Jalisco.
Falta fortalecer las prestaciones con guardería, riesgos de trabajo, jubilación por vejez y pensión en sus diversas modalidades. El seguro de vida no forma parte de las prestaciones. Por lo que no se otorga en todos los municipios. No en todos los municipios se otorga el permiso por paternidad. Entrando al fondo de la problemática, el equipamiento con que cuenta la mayoría de los municipios es escaso y está en malas condiciones. Además de que los chalecos antibalas en la mayoría de los casos están caudcos. Y por motivos políticos no existe el servicio profesional de carrera policial.
Uno de los puntos importantes es combatir el deficit policial, pues a nivel nacional nos faltan en nuestras calles más de 100 mil policías y a Jalisco le faltan más de 8 mil.
Para dimensionar el riesgo que viven nuestros policías en el día a día, en 2019, 446 policías fueron asesinados en el país. De esta cifra, 29 eran de Jalisco. El policía sabe el momento cuando sale de su casa, más no sabe si retornará por los motivos antes expuestos.
Para la CEDHJ, es necesario diseñar un protocolo que brinde total certeza a los deudos del policía caído en cumplimiento de su deber, y con ello, evitar una doble victimización.
Los objetivos son los siguientes: Garantizar a los beneficiarios designados, el pago oportuno den seguro de vida. Designar a personal de la dependencia de adscripción para que ofrezcan la asesoría y el acompañamiento necesario durante todos los tramites Durant todos los tramites que generan el deceso de una persona, con total sensibilidad y transparencia. Se extienda
durante el tiempo en que se lleva el tramite el apoyo económico a los deudos, con el fin de que pueden cubrir sus necesidades básicas.
Además de la necesidad de brindar el apoyo psicológico durante el tiempo que sea necesario a las víctimas indirectas.
En hora buena. Ahora corresponde a las autoridades estar a la altura de las circunstancias.