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Julio Ríos | @julio_rios | 24 de junio de 2018
Los decretos firmados el 5 de junio por el presidente Enrique Peña Nieto no privatizan el agua, sin embargo, abren la puerta para que en un futuro no muy lejano, incluso a corto plazo, el líquido sea concesionado a particulares.
¿Pero porqué estos decretos privatizan el agua? Vayamos por partes.
Las modalidades o restricciones contempladas en la Ley de Aguas Nacionales, en cuanto al aprovechamiento del líquido son las siguientes:
- Veda: Prohibición total. No se puede usar una sola gota de agua
- Reserva: Permite el aprovechamiento de una porción o de la totalidad de aguas disponibles.
- Concesión: La autoridad concede permisos para que particulares o comunidades exploten el agua
A su vez, la reserva se divide los siguientes usos:
- Doméstico
- Público urbano,
- Agrícola
- Industrial
- Ambiental
Desde 1929, los presidentes de la República han modificado las modalidades de uso en las distintas cuencas de la nación. Esto, inexplicablemente, es legal. Se puede hacer sin que haya otro poder como contrapeso. A pesar que hablamos del recurso más importante para la supervivencia de las personas, este tipo de decretos no requieren de la aprobación del Congreso.
¿Qué ocurrió con los últimos decretos firmados el 5 de junio?
Se levantó la prohibición en 300 cuencas de 20 entidades que concentran el 55 % de los lagos y ríos. De acuerdo con medios como La Jornada y Sin Embargo, al eliminar la restricción, esa agua pudiera ser concesionada para actividad minera, fracking, extracción de hidrocarburos o para refresqueras.
Es cierto. Estamos ya en el nivel de los supuesto. Hablando de futuros inmediatos hipotéticos. Pero los mexicanos tenemos muchas razones, y justificadas, para desconfiar.
La Comisión Nacional del Agua, que tiene cero credibilidad, niega que estos decretos sean privatizadores. Aseguran que es para preservar el medio ambiente. Algo que por cierto, la Conagua jamás han hecho.
En el caso de la Presa El Zapotillo, de Temacapulín, por ejemplo, no les ha importado pisotear el derecho al agua de los habitantes de Los Altos de Jalisco, y ha defendido a ultranza el trasvase para beneficiar a la industria zapatera y automotriz de León, Guanajauato, en detrimento de las actividades agríciolas de la región.
La versión oficial, es que los decretos pretenden que el agua se preserve para futuras generaciones. ¿Entonces por qué se levanto la veda que dejaba al agua intacta?
Con la veda era imposible una futura concesión. Y ahora, al modificar la categoría a reserva, ya no hay prohibición en un futuro, para que cualquier presidente que venga, la entregue a las empresas.
Eso es lo peligroso. Ahora es más fácil brincar de la reserva a a la concesión.
Con la veda era imposible.
Estos decretos están disfrazados de ecológicos, pero en realidad están pavimentando el camino para que el agua se entregue a grandes empresas, o industrias, que por sí solas gastan más agua que todos los habitantes de San Miguel El Alto. Y no exagero.
Y aquí hay tres agravantes. Los medios de comunicación críticos han advertido que el agua podría ir a manos de empresas con actividades mineras o peor aún, de fracking, que es una práctica tan nociva, que en otros países está prohibida, porque devasta el medio ambiente o para las refresqueras.
PARA SABER MÁS DEL FRACKING LEE AQUÍ: http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=16101
El segundo: la coalición Agua para Todos advierte que con esta reserva, también el agua de esas 300 cuencas podrá estar disponible para trasvases como el que ya mencionamos de la Presa El Zapotillo hacía León, Guanajuato; u otros casos polémicos como el del Río Pánuco a Monterrey, Nuevo León o el del Sistema Cutzamala del Estado de México.
Y el tercero: al estilo de lo que ha ocurrido con otros grandes proyectos hídricos (Temaca es un ejemplo cercano) se ignoró el derecho a la consulta y a la autodeterminación, sobre todo, a los pueblos originarios, el cual es un derecho fundamental contemplado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales firmados por México.
De acuerdo con el investigador de la Universidad de Guaadalajara, Antonio Gómez Reyna, todo va encaminado a que el agua entre a las leyes del mercado, las de la oferta y la demanda, con lo cual, quienes ganan el salario mínimo no tendrán acceso al vital líquido. O los ganaderos terminarán pagando una cantidad por cada animal que entre a beber a las cuencas privatizadas.
Para muchos, esta aseveración podría sonar alarmista. Pero si nos atenemos a la forma en que se han conducido los últimos tres gobiernos neoporfiristas (del año 2000 al 2018) entonces por supuesto que no podemos estar para nada tranquilos,
Y es aún más sospechoso que esto se realice en pleno proceso electoral en el que el partido del presidente va abajo en las encuestas y en el ocaso de su administración.
En resumen: los decretos todavía no implican privatización… Pero de la reserva a la concesión, solo hay un paso.
