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Por Oscar Miguel Rivera Hernández | 17 de febrero de 2026
No hay nada que lastime más a un político que tocarle el bolsillo. Y si no, que le pregunten a los “eternos plurinominales” que hoy ven con terror cómo la Presidencia de la República, por primera vez en décadas, les está pidiendo que hagan lo que nunca han hecho: salir a la calle a pedir el voto.
La reforma electoral que enviará Claudia Sheinbaum al Congreso no solo ha destapado una caja de Pandora dentro de la llamada Cuarta Transformación. Ha puesto al desnudo la hipocresía de la clase política, empezando por los propios aliados. Porque una cosa es predicar la austeridad y otra muy distinta es practicarla cuando los curules automáticos y el presupuesto millonario están en juego.
Vamos con los números. Hoy, 200 de los 500 diputados federales son plurinominales: el 40% de la Cámara baja llegó por la vía de las listas, no por el voto directo. En el Senado, 32 de 128 legisladores están en la misma situación. Gente que no hizo campaña, que no sudó la camiseta en los distritos y que hoy vive del erario.
En 2024, el INE manejó un presupuesto superior a 25 mil millones de pesos. A eso se suman más de 10 mil millones de pesos para los partidos en financiamiento público anual. México tiene el sistema electoral más caro de América Latina. No es ideología, es contabilidad básica.
Cuando Sheinbaum propone reducir el gasto electoral y obligar a los plurinominales a ganarse la curul en las calles, está cumpliendo una promesa de campaña firmada en los 100 puntos con el Partido Verde y el PT. Pero hoy, con la soga en el cuello, los aliados se rajan.
El personaje del momento es Luis Armando Melgar, senador del Partido Verde por Chiapas. Su frase se volvió tendencia: “Somos aliados, no paleros”. Detrás hay una verdad incómoda: el Verde está dispuesto a romper la alianza con tal de no perder sus curules automáticas. No aceptarán eliminar plurinominales, ni la reducción de financiamiento, ni tocar la autonomía del INE. Hablan de evitar una “mayoritocracia”.
El diputado Gerardo Villarreal, también del Verde, reconoció el desgaste: la ciudadanía ve a los legisladores plurinominales como una figura que no la representa. Lo admiten, pero no quieren soltar la canonjía.
El argumento es que defender la representación proporcional es defender la democracia. Pero lo que defienden es un modelo que les permite llegar al Congreso sin rendir cuentas.
La oposición también ha entrado al quite. Kenia López Rabadán, del PAN, dijo que no hay prisa para discutir la reforma. El PAN propone quitar el registro a partidos con candidatos vinculados al crimen organizado.
Pero el debate se ensucia con nombres propios: Genaro García Luna, Felipe Calderón, Guillermo Padrés, Francisco García Cabeza de Vaca, Javier Duarte, Tomás Yarrington, Roberto Sandoval. Expedientes que recuerdan que la relación entre política y crimen no tiene color único.
En medio del choque, Sheinbaum abrió otro frente: el nepotismo. El caso de Zacatecas y la familia Monreal encendió las alertas. Saúl Monreal, hermano del gobernador David Monreal y de Ricardo Monreal, aspira a la gubernatura. La presidenta respondió con una reforma constitucional contra el nepotismo, que aunque entra en vigor en 2030, Morena aplicará desde 2027 por estatuto interno.
También hubo mensaje para Salomón Jara, gobernador de Oaxaca: no debe haber familiares en la nómina. Un recordatorio de que el movimiento no se hizo para repartir cargos a la parentela.
Lo que está en juego no es un ajuste técnico. Es la confrontación entre privilegios y democracia real. Cuando el Partido Verde dice que no moverán “ni una coma”, defiende su seguro de vida político. Cuando el PAN pide frenar la reforma, protege su curul automática.
En el centro, Claudia Sheinbaum apuesta a una narrativa clara: la gente está harta de los legisladores que llegan por la puerta de atrás, de los partidos que se forran con dinero público, de las dinastías políticas.
Con 70% de aprobación, la presidenta no necesita pleitos internos. Pero está dispuesta a darlos. Porque los números no mienten: 200 plurinominales, 25 mil millones de pesos, décadas de simulación.
La reforma electoral se ha convertido en la prueba del algodón para quienes dicen creer en la democracia. Competir en igualdad de condiciones. Reducir el dinero. Rendir cuentas a la ciudadanía y no a las cúpulas.
La presidenta ha puesto el dedo en la llaga: “Se acabó el escritorio, tienen que salir a la calle”. Ahora la pelota está en la cancha de los legisladores.
Porque ya no se trata de quién se ofendió. Se trata de quién pierde privilegios. Y de si, por primera vez en mucho tiempo, el golpe a los vicios del pasado viene desde adentro.
