La democracia mexicana sigue gobernando para minorías, donde siempre pierden los mismos | OPINIÓN

Por Oscar Miguel Rivera Hernández | 31 de diciembre de 2025

El debate sobre la calidad de nuestra democracia suele enredarse en discusiones imprecisas, sin embargo, su esencia es más concreta y se reduce a una pregunta fundamental: ¿quiénes gobiernan realmente y en nombre de quién? Una revisión honesta de las últimas décadas en México nos revela que hemos transitado entre dos modelos defectuosos; primero, un gobierno de minorías ilustradas y, después, el riesgo de caer en un gobierno de minorías movilizadas. Ninguno de los dos ha logrado ser plenamente representativo.

Tras la llamada “transición democrática” de los años noventa, México no construyó una democracia plena, sino un sistema diseñado con un temor profundo a las mayorías. Fue el resultado de una alianza peculiar entre el PRI neoliberal, un PAN más cercano a los empresarios que a sus bases históricas, y élites intelectuales urbanas. Este modelo, aplaudido por académicos y analistas, tenía un núcleo duro: la desconfianza hacia el pueblo.

Se consideraba que los sectores populares eran irracionales, clientelares o fácilmente manipulables. Para “proteger” la democracia, se erigió una arquitectura institucional que limitaba deliberadamente el poder de las mayorías. La Constitución impedía que un solo partido tuviera más de 300 diputados, dificultando la formación de mayorías legislativas estables, vistas como potencialmente tiránicas. Simultáneamente, se crearon órganos reguladores autónomos, aislados del debate público y controlados por “expertos” cuyas lealtades de clase estaban más cerca de las élites económicas que de los trabajadores.

Esta “democracia no entera” era funcional y cómoda para las clases medias profesionales, los intelectuales y los empresarios. Permitía tomar decisiones —muchas de ellas de corte neoliberal— sin necesidad de construir amplios consensos o pisar el territorio. Pero nunca tuvo un respaldo mayoritario legítimo. El PAN nunca se consolidó como partido nacional. El PRI que ganaba elecciones locales no era el PRI tecnócrata, sino el de raigambre territorial y movilización popular. El modelo, en suma, era un “gobierno de minorías” que administraba el país desde una burbuja.

La llegada de Morena al poder en 2018 fue, en gran medida, una reacción explosiva a ese modelo excluyente. Su propuesta central era clara: quien gana las elecciones debe tener la capacidad real de gobernar e implementar su agenda, reduciendo los poderes de veto de las minorías técnicas y económicas. Aspiraba a anclar la legitimidad en el respaldo popular directo.

Para los arquitectos del modelo anterior, esto se sintió como un colapso. Perdían los espacios de poder desde los cuales, sin ganar elecciones mayoritarias, dirigían de forma indirecta el rumbo del país. La nueva democracia mayoritaria exige algo para lo que esas élites no estaban preparadas: persuadir, dialogar y convencer a las mayorías, en lugar de imponer decisiones desde organismos técnicos.

Sin embargo, este nuevo modelo trae consigo peligrosos espejismos. El más profundo es confundir “mayoría política” con “mayoría social”. Se asume, erróneamente, que las mayorías electorales reflejan los intereses de todos los mexicanos. Pero no es así. Las mayorías políticas las forman los sectores politizados, organizados o visibles: quienes votan, asisten a mítines y tienen voz en los medios.

Detrás queda un México “sin voz”, con sectores desorganizados, desencantados o invisibles. El peligro es que las nuevas instituciones, diseñadas para ser más abiertas, sean capturadas por los grupos mejor organizados y movilizados. La obsesión por llenar plazas agrava el problema, al generar dependencia de “movilizadores profesionales”: gobernadores, líderes sindicales y operadores territoriales. Así, podemos estar creando un nuevo “gobierno de minorías”, ya no el de los tecnócratas, sino el de los movilizados.

Hemos pasado de un sistema que desconfiaba de las mayorías y gobernaba para minorías selectas, a otro que invoca a las mayorías pero que puede terminar secuestrado por minorías activistas. Este no es el progreso democrático prometido.

La auténtica democratización, aún pendiente, no consiste solo en cambiar quién está en el poder, sino en transformar cómo se hace política. El éxito no puede medirse solo por mítines o márgenes electorales. La tarea esencial es construir instituciones que escuchen y representen a quienes no tienen micrófono: los excluidos, los indiferentes, los que no van a las plazas.

Debemos superar la lógica binaria de “expertos” versus “pueblo”. El verdadero desafío es una democracia de diálogo constante, donde el conocimiento técnico sirva a proyectos discutidos y avalados por una ciudadanía informada y representada, no solo por los sectores más vociferantes. Solo así pasaremos de una democracia de minorías —técnicas o movilizadas— a una democracia entera, donde el gobierno refleje la voluntad diversa de todos. Ese sigue siendo el gran pendiente.