Por Oscar Miguel Rivera Hernández l 07 de abril de 2026
Crónica histórica basada en una entrevista con Norberto Servín González, Cronista de Patrimonio Cultural de Tepatitlán, a quien agradecemos su participación y apoyo. Así mismo, consideramos el artículo “Los Cristeros: el otro lado de las balas” de Víctor Miguel Villanueva (UACM: páginas 2-5, 9-13 y 15-17 del documento).
Tepatitlán, día a día amanece con esa calma que solo dan los pueblos que han visto o vivido sucesos, que pocos pueblos llegan a ver. En 1928 se escuchaban solo el tronar de los fusiles por sus calles empedradas, pero eso, a estas fechas parece haberse desvanecido, pero Norberto Servín González sabe que no es así. Cronista de Patrimonio Cultural de Tepatitlán, conoce los secretos que guardan los muros de esas viejas casonas y los archivos parroquiales.
«Lamentablemente, como suele suceder en este tipo de eventos, no hay ganador, aunque algunos tratan de dar el triunfo a un lado o a otro», sentencia Norberto, de quien sus manos se han acostumbrado al polvo de los documentos, que han recorrido papeles, que por el tiempo se han vuelto amarillentos.
La Guerra Cristera (1926-1929) no surgió de la nada. Sus raíces se hunden profundamente en el siglo XIX, cuando Valentín Gómez Farías primero, con la Ley sobre Bienes Eclesiásticos de 1847, intentó desamortizar los bienes de la Iglesia. Benito Juárez después, con las Leyes de Reforma promulgadas entre 1859 y 1860, buscó limitar el poder omnímodo de una institución que, en palabras de Servín, era «omnipresente» en lo económico, lo espiritual y lo territorial. Esas leyes establecieron el registro civil, la secularización de cementerios y la educación laica, pero el conflicto latente, como una brasa bajo la ceniza, esperaba su momento para reavivarse.
Cuando Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia en 1924, intentó algo que muchos desconocen: una negociación discreta.
«De alguna manera amable les solicita a los jerarcas de la Iglesia católica que se organicen y le pidan al Papa que nombre un representante que tuviera capacidad de decisión y acuerdos«, explica Servín.
La respuesta inicial fue evasiva, pero el verdadero detonante ocurrió el 4 de febrero de 1926. Ese día, la prensa publicó una declaración del arzobispo José Mora y del Río que reafirmaba la oposición de la Iglesia a los artículos anticlericales de la Constitución de 1917 (el 3, 5, 27 y 130). Aunque el prelado aclaró después que se trataba de declaraciones antiguas, Calles, sintiéndose desdeñado, perdió la paciencia. «No estoy dispuesto a tolerarlo. Ya que los curas se ponen en ese plan, hay que aplicar la ley como está», ordenó el presidente.

La respuesta gubernamental fue contundente. El 21 de junio de 1926 se promulgó la «Ley Calles», una reforma al Código Penal que imponía sanciones severas a los ministros religiosos que violaran la constitución. Se limitó drásticamente el número de sacerdotes, se ordenó la expulsión de clérigos extranjeros y se cerraron escuelas y conventos. La Iglesia, en una decisión que hoy muchos historiadores consideran una jugada maestra o un error trágico, respondió con la suspensión de cultos el 31 de julio de 1926. «Voy a cerrar los templos, se va a quedar sin misa, sin confesión, sin comunión toda la población», resume Servín la estrategia eclesiástica. Menos de un mes después de la publicación de la ley, los templos de México quedaron vacíos y el silencio se apoderó de los atrios.
Villanueva documenta que los cristeros atacaban preferentemente de madrugada, en grupos de cien a más de dos mil hombres, con el grito de “¡Viva Cristo Rey!”. Incendiaban oficinas gubernamentales, escuelas y casas de quienes consideraban afines al gobierno.
Exigían préstamos forzados y, si no se les entregaba, fusilaban. En San Juan de la Puerta, Guanajuato, más de doscientos cristeros asesinaron a ancianos de hasta noventa años y dejaron el pueblo “como un montón de ruinas humeantes”. En Angangueo, Michoacán, el presidente municipal fue obligado a conseguir quince mil pesos entre los comerciantes so pena de saqueo general.
El resultado fue el contrario al esperado por la jerarquía. El pueblo, sintiendo que le arrebataban lo más íntimo de su identidad, no se quedó de brazos cruzados. Los primeros levantamientos armados comenzaron a registrarse desde agosto de 1926, y se incrementaron hacia finales de año. San Julián, Jalisco, fue el escenario de las primeras chispas, y pronto el fuego se extendió como pólvora por los estados del centro y occidente: Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Colima y Zacatecas se convirtieron en campos de batalla. Para principios de 1927, la rebelión era ya un hecho innegable.
Contrario a la narrativa romántica que ha perdurado por décadas, los cristeros no fueron un bloque homogéneo de mártires. «La mayoría eran campesinos», aclara Servín.
«La gente que vivía en los pueblos grandes no tuvo mucho inconveniente». El conflicto se recrudeció cuando el gobierno federal decretó la concentración forzada de la población rural en las cabeceras municipales.
Quien estuviera fuera sería considerado cristero y, por tanto, ejecutable sin juicio previo. Esta medida desencadenó un problema humanitario: hacinamiento, falta de higiene, hambre y epidemias asolaron a la población inocente. En ese momento de desesperación, bandoleros de ambos bandos aprovecharon para saquear.
«Hay registros de préstamos forzados», comenta nuestro amigo Norberto. «Llegaban los cristeros a algún rancho, querían obtener comida, se llevaban lo que podían; los federales también». El campo mexicano, apenas recuperándose de la Revolución, se convirtió en un infierno de violencia y despojo.
En esos momentos surgieron figuras que la historia oficial a mitificado o silenciado según la conveniencia. José Reyes Vega, nacido en Zapotiltic, Jalisco, pero asignado como sacerdote en Arandas, «al dejar el hábito se convirtió en un verdadero guerrero (y bandolero), muy cruel». Fue él quien organizó el audaz ataque al tren de La Barca en abril de 1927, donde sus hombres no solo robaron armas y oro, sino que, en un acto de barbarie, ordenaron prender fuego a los vagones con familias y niños dentro. «Ese es uno de los motivos por los que la iglesia no menciona a Vega», revela Servín en voz baja.

Y luego está Victoriano Ramírez, «El Catorce», un sanmiguelense analfabeto pero dotado de un carisma y valor legendarios. Su historia ejemplifica como ninguna las contradicciones del movimiento. Después de ser pieza clave en las batallas más importantes, fue acusado de traición y robo por sus propios compañeros, víctima de las rivalidades internas y los celos. Encerrado en la presidencia municipal de Tepatitlán, intentó escapar cuando fueron por él para ejecutarlo.
«Le disparan al pecho y con arma blanca lo rematan», narra Servín con pesar. Un tepatitlense, conmovido por su suerte, prestó un lugar en el cementerio municipal para sepultarlo.
Meses después, el 19 de abril de 1929, durante la que sería la tercera batalla de Tepatitlán, la historia pareció cerrar un círculo de sangre. Cuando el padre Reyes Vega tenía el triunfo asegurado sobre las fuerzas federales y se asomó imprudentemente en la esquina del templo de San Antonio, una bala le atravesó el cráneo. «La bala no venía de las filas de federales, que ya no había», dice Servín con un poco de ironía; «Parece que ahí fue cobrado”, fuego amigo, como dijera nuestro amigo Gustavo Pozos (de la Mesa del Café). En esa batalla, una de las más sangrientas de la región y ocurrida a solo dos meses de los acuerdos de paz, las cifras fueron dispares: se reportaron alrededor de 120 bajas en el bando federal y entre 25 y 30 del lado cristero.
El movimiento cristero careció inicialmente de una estructura militar cohesionada. Operaba como guerrillas regionales autónomas hasta que apareció una figura contradictoria: Enrique Gorostieta, un general que había sido liberal y anticlerical. Contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa (LNDLR), Gorostieta aportó táctica y organización, profesionalizando un ejército de campesinos. Pero la coordinación nunca fue perfecta. Las rivalidades internas, los celos y las ambiciones personales minaron la causa desde dentro. La muerte de «El Catorce», ordenada por sus propios jefes, es el ejemplo más crudo de cómo las fracturas internas debilitaron tanto como el enemigo externo.
Villanueva subraya que los cristeros también secuestraron señoritas, ahorcaron a campesinos y quemaron casas de pobres identificados con el gobierno. Pero los federales no se quedaron atrás: decretaron la concentración forzada de la población rural, lo que provocó hacinamiento, hambre y epidemias. En ese caos, bandoleros de ambos lados saquearon.
“Hay registros de préstamos forzados —dice Servín—. Llegaban los cristeros a algún rancho y se llevaban lo que podían; los federales también”.
Para entender la dimensión humana del conflicto, hay que mirar a quienes no empuñaron las armas. La mujer tuvo un papel fundamental y sistemáticamente silenciado. Mujeres como Celia Gómez organizaron las primeras brigadas de abastecimiento, utilizando canastas de días de campo para transportar armas y municiones bajo los alimentos. Y luego está Hermelinda Venegas, una dama tepatitlense que atendía en el Hospital del Sagrado Corazón a todos los heridos, sin preguntar su bando. «Ella dijo: ‘yo aquí atiendo al que llegue con necesidad'», relata Servín con admiración. «Las mujeres deben ser mencionadas y reconocidas, ya que nunca se habla de ellas».

La tragedia más olvidada de toda la Cristiada en la región ocurrió en Acatic, en la Barranca de Támara. Allí, donde Tepatitlán tenía su planta generadora de electricidad, se había instalado un destacamento federal. Los habitantes de Acatic iban a llevarles comida, convirtiendo el lugar en una especie de paseo dominical. Un avión, posiblemente pilotado por un mercenario estadounidense contratado por el gobierno, confundió a la multitud con un campamento cristero y arrojó una bomba. «El saldo fue de setenta y tantos federales muertos y casi otro tanto de acatiquenses heridos y muertos civiles», revela Servín con una cifra precisa que duele. «Más que los muertos aquí en Tepa».
Cuando el 21 de junio de 1929 se firmaron los acuerdos entre el gobierno de Emilio Portes Gil y la jerarquía católica, la noticia cayó como un balde de agua helada sobre los combatientes cristeros que aún resistían en las sierras. Durante todo el mes de julio se organizó el licenciamiento de las tropas, que se llevó a cabo en agosto.
«No hubo ni beneficio para la Iglesia ni para el gobierno federal», sentencia Servín. «Se matizó la actitud». La Iglesia reinició el culto a cambio de una amnistía ambigua y la promesa de no aplicar las leyes persecutoriamente. No se modificó ni un artículo constitucional. Miles de cristeros, desconfiando de las garantías, se negaron a deponer las armas. Algunos fueron capturados y ejecutados cuando la atención mediática ya se había desviado hacia otros asuntos. Otros simplemente regresaron a sus hogares, pero el mundo que habían dejado atrás ya no existía.
El legado más profundo de la Cristiada no está en los libros de texto, sino en la tierra misma y en la memoria colectiva. La concentración forzada de población provocó el abandono definitivo del campo. Las cifras de migración fueron equiparables a las de la muerte: se calcula que entre 90,000 y 250,000 personas perdieron la vida en el conflicto, y una cantidad similar abandonó sus tierras. Muchos huyeron a Guadalajara, donde la vida era menos peligrosa, otros se dirigieron al norte, a Mexicali, Tijuana o cruzaron a Estados Unidos. «Muchos de los que se concentraron prefirieron migrar a ciudades más grandes», explica Servín.
Las tierras quedaron abandonadas y fueron rematadas a quienes tenían dinero en ese momento. «En la actualidad, lo que padece Tepatitlán es una concentración de tierra en pocas manos», denuncia el investigador.
Pero hay otra pérdida menos visible y quizás más dolorosa: la identidad. «A raíz de ese abandono del campo y concentración en la ciudad, nos fijamos nada más en tener una casa, un carro, una vida fácil», reflexiona Servín con cierta tristeza.
«Las familias eran autosuficientes en el campo; había quien sabía de agricultura, de ganado, de medicina herbolaria… eso se perdió». Hoy, ironías de la historia, las multitudinarias fiestas patronales de Los Altos son más paganas que religiosas. «La mayoría busca la fiesta pagana», dice. «Los pueblos de Los Altos están en vías de la pérdida de identidad».
Durante décadas, la Guerra Cristera fue un tema tabú.
«Son escasos los trabajos de carácter técnico histórico», lamenta Servín. «Lo que tenemos son muchos libros donde se habla de lo que les dijeron los ancestros a los actuales escritores, es de boca en boca como viene surgiendo la narrativa».
Hoy, una nueva generación de historiadores está derribando mitos de ambos lados. Investigan en archivos, contrastan fuentes, buscan la objetividad. «Nadie tenemos la verdad absoluta», reconoce Servín. «Pero hay que ver la manera de hacernos llegar la información de la gente profesional que se dedica a esto, sin el corazón puesto en sus investigaciones».
Villanueva concluye que, en cualquier guerra de guerrillas, hay atrocidades de ambos bandos. Ocultarlas es empobrecer la historia.
Al final de la entrevista, mientras los compañeros del café se acercan para continuar la charla, Norberto Servín ofrece una reflexión que debería guiar cualquier acercamiento a este pasado doloroso: «Respeto tanto el movimiento cristero como el gobierno federal, porque he visto que de las dos partes se cometieron atrocidades. El reconocer nuestra historia no nos hace menos, solamente los que vivieron aquellos momentos supieron lo que sufrieron; nosotros no».
La Cristiada no fue una epopeya de héroes y villanos. Fue, en palabras de Servín, «algo que no debió haber sucedido». Una guerra entre mexicanos que duró tres largos años y que a su paso arrasó con miles de vidas, destruyó comunidades, quebrantó la economía y sembró una desconfianza que aún late bajo la superficie de la vida nacional. Su estudio no debería buscar culpables, sino comprensión.
Porque, como bien dice el entrevistado, «la historia de la humanidad está escrita y basada en guerras», pero también está escrita para que aprendamos de ellas. Y quizás la lección más importante de la Cristiada sea esa: cuando la fe y el Estado se convierten en trincheras irreconciliables, quienes pagan el precio son siempre los mismos: los que no tienen más arma que su convicción ni más escudo que su esperanza.







