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Gabriel Alejandro | @alex_belh | 10 de julio de 2107
El día de ayer se llevó a cabo la consulta popular para que los habitantes del Estado decidieran si la ciclovía del Boulevard Marcelino García Barragán debería ser retirada o concluida.
La consulta popular es un mecanismo de participación social contemplado en el artículo 440 del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco (CEPSEJ) y de acuerdo al documento jurídico en mención, este instrumento de participación social se utiliza para conocer las opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social.
Esta consulta generó de manera permanente un conflicto entre dos grupos que veían afectados sus intereses; por un lado los vecinos del Boulevard que aseguran que de manera arbitraria les retiraron un carril y por lo tanto se genera más tráfico; y por otro lado, los usuarios de la ciclovía que defendían su derecho a circular de manera segura en bicicleta.
Al final, se llevó a cabo la consulta popular obteniendo los ciclistas con 17 mil 274 votos por el SÍ, una determinante victoria en favor de concluir y conservar la ciclovía, contra 4 mil 868 votos por el NO, que expresaron los opositores a la obra. Así pues, se pueden identificar las siguientes conclusiones de este ejercicio democrático:
Lo bueno
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) demostró que cuentan con la capacidad operativa e institucional para llevar a cabo y de manera pacífica los instrumentos de participación social contemplados en la ley electoral.
Los habitantes de Jalisco una vez más, demostraron su compromiso hacia los asuntos de interés público haciéndose presentes promoviendo la consulta, participando en los debates organizados por el IEPC y asistiendo a las urnas a emitir el sentido de su voto. Dejando en claro que la participación social debe ser una constante en la toma de decisiones públicas y no solo una atribución que le corresponda a los poderes representantes del Estado.
Las urnas electrónicas demostraron una vez más su eficiencia y eficacia, así como el hecho de que cualquier persona sin importar su rango de edad puede utilizarlas sin ningún problema. Ojalá se considere en un futuro cercano una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para permitir su uso en procesos electorales y no solo para ejercicios de participación social.
Lo malo
La polémica dejó en evidencia las deficiencias del CEPSEJ en cuanto a los límites y condiciones en que pueden ser utilizados estos instrumentos. Así mismo, el consejo del IEPC demostró un limitado análisis jurídico con un ejercicio de ponderación ante una posible colisión de derechos: el derecho a la movilidad segura vs el derecho a la participación social.
Aprobar una consulta popular sólo “porque se cumplieron con los requisitos que establece el CEPSEJ” son argumentos sofistas que de manera tramposa descartan el estudio a fondo de tratados internacionales en materia de derechos humanos firmados por México, así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ambos instrumentos jurídicos que están por encima del CEPSEJ y de la propia Constitución del Estado del Jalisco.
Lo feo
Poco menos de 1’800,000.00 (un millón ochocientos mil pesos) fue el costo de esta consulta popular, casi el 50% del presupuesto destinado para mecanismos de participación social por parte del IEPC. Esto significa que podría ser económicamente inviable llevar a cabo otras dos consultas de este tipo porque se habrían agotado los recursos para tales fines.
El gasto ejercido por el IEPC es escandaloso tomando en cuenta que la consulta popular se llevó a cabo solo en una pequeña demarcación territorial, ¿Cuánto costará llevar a cabo un mecanismo de participación social en todo el Estado de Jalisco?
Conclusión
Los ciudadanos de Jalisco saben que pueden llevar ejercicios de participación social que les brinden voz ante asuntos de interés públicos y poder incidir en estos por vías institucionales.
La consulta popular de la ciclovía permitirá a la autoridad electoral hacer una evaluación de cómo llevar a cabo ejercicios futuros, privilegiando análisis jurídicos más rigurosos y un ejercicio del gasto más eficiente.
Los legisladores del Estado deberán prestar atención a las polémicas surgidas de este ejercicio para llevar a cabo las reformas correspondientes para fortalecer los instrumentos de participación social sin poner en riesgo derechos humanos por los que las personas han luchado por varios años.
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Gabriel Alejandro es activista en CIMTRA Jalisco
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