La complicidad y la traición de Maru Campos

Por Oscar Miguel Rivera Hernández l 05 de mayo de 2026

La historia de México es, en gran medida, la crónica de una relación forzada con un vecino incómodo y desmesuradamente poderoso y lo que pasa, es que vivir junto a Estados Unidos es complicado. Es una potencia colonialista, intervencionista y “metiche” que rara vez actúa como un soporte positivo; su instinto no es la colaboración, sino la presión, la imposición y la desestabilización. Es en este marco histórico y geopolítico donde debemos analizar la conducta reciente de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, cuyo accionar ha despertado algo más que críticas políticas, sonando todo esto, como una posible violación a la Constitución y un acto que muchos califican, como traición a la patria.

El presunto accidente que dejó al descubierto operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio chihuahuense, con la anuencia o, en el mejor de los casos, la negligente omisión de la mandataria estatal. El problema no es menor. La ley de seguridad nacional y la Constitución son muy claras, ningún agente extranjero puede realizar operaciones de inteligencia o acciones de facto en el país sin la expresa autorización y supervisión del gobierno federal. Que la gobernadora de un estado fronterizo, con la experiencia que supone haber crecido en la complejidad de esa región, haya “permitido”, por acción u omisión, este tipo de injerencias, no es un simple error administrativo. Es una falla total de carácter penal.

El argumento de la defensa, orquestado por la dirigencia nacional del PAN y sus operadores, no es lógica. Pretenden desviar la atención hacia una supuesta “guerra contra el narco” en la que la CIA sería una aliada bienvenida. Esta es una falacia peligrosa que insulta a los mexicanos. ¿Acaso hemos olvidado los saldos de la fallida guerra de Felipe Calderón? ¿Una guerra que, como se apunta en el análisis de referencia, sirvió para legitimar un fraude electoral, pero que dejó pueblos enteros de Chihuahua, Tamaulipas y Coahuila inundados por la violencia, forzando una migración masiva hacia el país que ahora pretende “ayudarnos”?

Defender la presencia de la CIA en México bajo el pretexto del combate al narcotráfico es ignorar su rol histórico como sembradora de los propios cárteles. Es una conspiración, por cualquier lado que se le quiera ver y que supongo tiene más que pruebas. Fue la CIA la que, en los años 80, utilizó a criminales mexicanos para transportar cocaína desde Colombia (caso Irán-Contra), dando origen y financiamiento a lo que después se convertiría en el Cártel de Guadalajara, progenitor de las actuales organizaciones criminales que desangran al país. La CIA desestabiliza gobiernos, envenena líderes, tortura y financia el lado oscuro del tablero geopolítico. No es, ni será jamás, una organización humanitaria. Como se ha dicho con crudeza, entrenar agentes de la CIA es invitar al zorro a cuidar el gallinero, especialmente cuando su historial incluye el asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en un entramado de poder que ellos mismos controlaban.

Ante esta situación, la reacción de la gobernadora Maru Campos es, cuando menos, cínica y, en el peor de los casos, cómplice. Su propuesta de crear una “unidad de investigación” dentro de la fiscalía estatal, encabezada por una fiscal de feminicidios. ¿Investigar a quién? Si la responsable de autorizar o permitir esas operaciones es precisamente el ejecutivo estatal. Esta maniobra no es más que un intento desesperado por simular rendición de cuentas mientras se gana tiempo. Es el arte de la simulación política llevado a su máxima expresión.

Aquí es donde el debate trasciende lo partidista y se convierte en un asunto de Estado. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que México debe tener una relación de iguales con Estados Unidos, colaboración, pero no sumisión. Sin embargo, la oposición, encabezada simbólicamente por la gobernadora de Chihuahua, parece anclada en el viejo modelo del “entreguismo” calderonista. Su negativa a recibir la llamada de la presidenta es un acto de insubordinación que refleja un patrón de comportamiento: la creencia de que la soberanía es un estorbo y que la solución a los problemas del país viene con pasaporte estadounidense, específicamente de la mano de personajes como el embajador Ronald Johnson, un exagente de la CIA con un claro historial de injerencia en América Latina.

No debemos ser ingenuos. Lo que está en juego no es solo la cabeza política de Maru Campos, sino la dignidad de las instituciones mexicanas. Si permitimos que una gobernadora violente la ley de seguridad nacional, permita operaciones de inteligencia extranjera sin control y salga ilesa, por su actuar, bajo el argumento de que “combate al narco” (una tarea que ni siquiera le compete directamente), estaremos sentando un precedente. La derecha mexicana, desesperada por encontrar figuras tras el desgaste de sus liderazgos tradicionales, busca convertir a Campos en una mártir. Intentaron llevarla al senado, para teatralizar su defensa y usar la comparecencia como una tribuna política para evadir la responsabilidad penal.

Es aquí donde la ciudadanía y legisladores debemos actuar. Como menciona, no se trata de un “enfrentamiento ideológico”. Permitir la operación encubierta de la CIA en territorio mexicano, sin notificar al gobierno federal es un delito. Punto. Si el fiscal general del estado, vinculado a redes de corrupción pasadas (como la nómina secreta de César Duarte), resulta ser el chivo expiatorio o el candidato del PAN para las siguientes elecciones, estaremos ante una nueva farsa. Las responsabilidades deben llegar hasta las últimas consecuencias.

La relación México-Estados Unidos es una aspiración legítima, pero la realidad es desigual. La única manera de equilibrar la balanza no es doblando la rodilla ante el imperio, sino defendiendo con uñas y dientes la soberanía, basada en nuestra Carta Magna. Lo que hizo María Eugenia Campos Galván no es una “colaboración malentendida”. Es un acto anticonstitucional que, al poner los intereses de una agenda extranjera por delante de la ley mexicana, raya en la traición. Los mexicanos merecemos gobernantes que defiendan nuestra soberanía, que entiendan que la soberanía no se negocia y que la CIA, con todo su historial de sangre y desestabilización, no es, ni será nunca, una aliada confiable para la seguridad nacional. Hace algunos años, decían que un candidato a la presidencia de México, era un peligro para la Nación, yo digo que quienes son un “Peligro para México” son las Marus Campos, las Lilys Telles, los Markos Cortés, los Ricardos Anayas, los Franciscos Javier Ramírez Acuña, los Alejandros Morenos y a estos, se suman también de MORENA, los Adán Augustos, los Rubén Rocha y un largo etcétera que podemos sacar de los PRIANistas, del PVEM, de los del PT, de los del difunto PRD y más.

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