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Gabriel Alejandro | @alex_belh | 05 de julio de 2017
A tan solo dos semanas de que venza el plazo constitucional para que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) inicie sus operaciones al máximo de su capacidad, los senadores del PRD y el PAN, anuncian que no se concretaron los acuerdos necesarios con sus homólogos de otros partidos para designar al fiscal anticorrupción, servidor público con autonomía y atribuciones para la investigación de delitos relacionados con actos de corrupción.
El mensaje que se envía desde el Senado, no sólo demuestra el poco interés por nuestros representantes en combatir la impunidad, sino también, la ineficiencia legislativa para cumplir con su trabajo por el cual reciben un oneroso sueldo por parte de los contribuyentes.
Ésta lamentable determinación del Senado, se presenta en uno de los peores momentos para México, pues actualmente el entorno político y social en materia de corrupción está en una de sus peores cifras en años: nuestro país cayó 28 lugares en índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional; tenemos ex gobernadores detenidos, prófugos o investigados por millonarios desfalcos a las finanzas públicas de sus estados; y una crisis de derechos humanos con activistas y periodistas perseguidos políticamente, cuando no asesinados.
El fiscal anticorrupción, quien cuenta con una silla en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ya ha brillado por su ausencia en las sesiones de este organismo que define políticas públicas y estrategias de vinculación con los sistemas anticorrupción locales, mermando así la capacidad de análisis en materia de criminalística, de corrupción y combate a la impunidad con consecuencias penales, una legítima exigencia ciudadana que el Estado ha quedado a deber.
Existe un mito de que no se podrá perseguir la corrupción sin un fiscal anticorrupción. Técnicamente esta afirmación es falsa puesto que la actual Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con atribuciones para investigar estos delitos, incluso con una instancia interna para tales propósitos; sin embargo, la idea de contar con un fiscal anticorrupción nombrado por el Senado, consistía en que este contara con autonomía técnica y de gestión para evitar así filiaciones partidistas y no depender de ninguna oficina del gobierno, como actualmente ocurre con la PGR.
Todo indica que será hasta septiembre ̶ mes en que da inicio el proceso electoral 2017-2018 ̶ cuando el Senado finalmente designe al fiscal anticorrupción; mientras tanto, los mexicanos tendremos que confiar en las buenas intenciones de los políticos y empresarios para que decidan no ser corruptos; así como apostarle a la voluntad de justicia por parte de la PGR para que persiga a aquellos corruptos que actualmente gozan de total impunidad.
Ya una vez nos fallaron con la promesa de retirar la protección del fuero a la clase política; ahora nos fallan con la designación del fiscal anticorrupción, ¿con qué nos fallarán mañana?
*Gabriel Alejandro es activista de CIMTRA Jalisco
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