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Francisco Jiménez Reynoso* | @jimenezabogado | 21 de agosto de 2017
Lamentablemente México se está cayendo a pedazos por culpa de la corrupción, lavado y delincuencia organizada, y es que la última ya toco hasta la clase política y desde hace algunas décadas.
México es el tercer país con mayor flujo de capitales de procedencia ilícita, con un monto de entre 50 y 60 mil millones de dólares al año, es lo que revela un estudio de Global Financial Integrity.
Las ganancias del crimen organizado por blanqueado de dinero oscilan entre los 10 mil y los 25 mil millones de dólares para los cárteles mexicanos, que obtienen ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de dólares, es decir el 10 por ciento,
México cuenta con un esquema para combatir a la delincuencia organizada: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la Ley Federal de Extinción de Dominio, reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los respectivo Códigos Penales.
No obstante lo anterior, siguen siendo los norteamericanos, quienes marcan la pauta en el actuar de las autoridades mexicanas.
Sin duda alguna, el gran problema que enfrenta la humanidad es el de la criminalidad, esta ha permeado en nuestro sistema social, económico, político y financiero, ha desencadenado una serie de actos obscuros.
Ahora bien, el primer antecedente jurídico, lo encontramos en la Ley del Secreto Bancario de Estados Unidos de 1970, que impuso a las instituciones financieras obligaciones de mantener constancia de determinadas operaciones y de reportarlas a las autoridades, sin embargo, esta Ley resultó un instrumento ineficaz, toda vez que precisamente sólo estableció esa obligación de reportar las posibles operaciones ilícitas, de forma tal que los lavadores de dinero podían seguir ejerciendo sus actividades sin el riesgo de hacerse acreedores a una sanción.
Ante tal escenario, en 1986, el Congreso de los Estados Unidos, expidió la denominada “Ley de Control de Lavado de Dinero”, la cual tipificó este delito, sancionándolo con pena de prisión de hasta de 20 años. A través de esta ley, se federalizó esta actividad, se autorizó la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores y se proporcionaron a las autoridades federales herramientas adicionales para investigar el lavado de dinero.
Tal es el caso de la ley en materia que va en contra del lavado de dinero. Es así, que el 17 de octubre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Así las cosas, el objeto de esta ley en México es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita, a través de una coordinación interinstitucional entre la SHCP y la Procuraduría General de la República, para recabar elementos útiles con la intención de investigar y perseguir los delitos relacionados con las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar el uso de los recursos para su financiamiento.
Francisco Jiménez Reynoso, quien es escribe esta columna es Doctor en Derecho e Investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Cie
ncias Sociales y Humanidades. jimenezabogado@gmail.com
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