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Francisco Jiménez Reynoso| @jimenezabogado | 22 de mayo de 2017
A nueve años de la entrada de los juicios orales en México, resulta importante hacer un balance al respecto. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) ha publicado un estudio en el que se evidencia el porque va ganando la impunidad en el nuevo sistema de justicia. Los resultados reflejan los retos en la procuración de justicia en todo el país.
Dicho estudio evaluó la calidad del funcionamiento del nuevo Sistema de Justicia Penal a partir de evidencia documentada.
Una de las preguntas centrales es: ¿Ha mejorado la calidad de la Justicia Penal con el Nuevo Sistema? Esta auditoría ciudadana explica, con evidencia, qué se necesita para mejorarla. A continuación, algunos de los principales hallazgos:
Encuesta a 282 ciudadanos: víctimas. 73% no regresaría al Ministerio Público porque pierde el tiempo y no arreglan nada. 48% dijo que el servidor público solicita o insinúa algún pago o beneficio. 43% dijo haber hecho un pago extra a un agente del ministerio público y 21% a la policía.
Entrevista a 50 defensores públicos: 76% menciona que la mayor causa de rezago en el Ministerio Público es la falta de agentes. 38% considera que el mayor reto en casos de homicidio está en la calidad de las investigaciones. 28% dijo que no se realizan acciones exitosas para atender la violación de Derechos Humanos.
Entrevista a 103 policías: 87% considera que su salario no corresponde a la carga de trabajo que realiza. 65% dijo trabajar más de 60 horas a la semana. 42% no ha recibido capacitación adecuada.
Entrevista a 83 Empleados de la fiscalía (peritos y ministerios públicos): 93% considera que su salario no es adecuado respecto al trabajo que realiza. 75% dijo trabajar un promedio de 50 horas a la semana. 53% opina la mayor causa de rezago en el Ministerio Público es la insuficiencia de agentes. En general los servidores públicos entrevistados tienen poco conocimiento de los requisitos mínimos que deben atender, respectivamente, durante el procedimiento penal.
Se analizaron 811 expedientes de homicidio y robo concluidos, y considero que en gran medida está aquí el factor impunidad: Actuaciones de los policías (primer respondiente). Cometen omisiones importantes en sus funciones, como registrar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, preservar el lugar de los hechos, así como la búsqueda efectiva de testigos.
Actuaciones de la policía ministerial o de investigación: Los encargados de investigar el cómo, cuándo y dónde ocurrió un delito, además de entregar un informe de investigación al Ministerio Público, aportan información limitada y poco útil para auxiliar a esclarecer los hechos. Lo anterior redunda en más impunidad.
Actuaciones de los Servicios Periciales (Peritos): Los encargados de aplicar un método científico y técnicas para resolver un crimen, elaboran dictámenes en lo que no hay una búsqueda exhaustiva de indicios, ni un correcto procesamiento.
Actuaciones del Ministerio Público: Conducción de la investigación: No se ordenan dictámenes periciales (apoyo técnico y científico en las investigaciones) y trámites indispensables para una adecuada investigación. Resoluciones: Se archiva un número considerable de expedientes sin haber realizado una investigación exhaustiva e incluso deja algunos casos sin concluir.
Es menester que el personal cuente con un salario acorde a la carga de trabajo, los trabajadores cuenten con un horario de trabajo adecuado, capacitación y profesionalización continua, Servicio Civil de Carrera y unidades encargadas de la defensa de sus derechos humanos. Es necesario dignificar la posición de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia es fundamental.
Francisco Jiménez Reynoso, quien es escribe esta columna es Doctor en Derecho e Investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Cie
ncias Sociales y Humanidades. jimenezabogado@gmail.com
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