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Julio Ríos | @julio_rios |11 de enero de 2017
Con estupor he escuchado o leído a algunos actores que se oponen a la iniciativa de eliminar el financiamiento a los partidos políticos. Independientemente de quién o quiénes han enarbolado esta bandera (ya que han sido varios y de diferentes colores) me parece inverosímil que a estas alturas haya gente que aún defienda que el dinero que derrochan los partidos tenga que salir de los bolsillos de usted, querido lector, o de quien esto escribe.
Quienes aún defienden el financiamiento público a los partidos políticos solamente demuestran un desconocimiento en materia de teoría política, es decir, del sistema de pesos y contrapesos o del sistema circular de vigilancia, en el cual, los organismos autónomos son actores clave.
Algunos de quienes, a estas alturas, se dicen a favor de no eliminar el financiamiento público a partidos politicos aseguran que eso abriría la puerta al dinero ilegal en las campañas. Ese es el principal pretexto que dan para amarrarse al dinero público. Creo que esa es una salida muy cómoda para evadir una legítima exigencia ciudadana.
Los recursos ilegales (por ejemplo desvíos de dinero de gobierno para usarlo descaradamente en las campañas) existen aún con financiamiento público en los procesos electorales. Y eso sucede porque no existen controles contables adecuados. Es decir, esa problemática existe independientemente del financiamiento público. Son temas diferentes.
Este tipo de argumentos, que ponen al financiamiento público como la panacea, vienen de otras épocas en las que, por ejemplo, los partidos tenian que pagar publicidad en radio y television. Ahora ya no tienen que desembolsar por ello, pues desde las reformas del calderonismo se les otorgan tiempos oficiales que cada canal y estación deben ceder como compensación al uso del espectro radioeléctrico que utilizan laa cadenas y que es propiedad de la nación. Ya son otros tiempos.
Sin embargo, los partidos no han querido soltar el financiamiento público, el cual por cierto, debería repartirse de acuerdo a la votación valida emitida, y no en base al padrón electoral como se hace actualmente de manera tramposa porque eso implica que aunque usted no acuda a votar, por el simple hecho de contar con credencial de elector ya es parte de las cifras para calcular el dinero que se llevan los partidos.
Todo este saqueo al erario comenzó con la reforma política de 1977 diseñada por Reyes Heroles, y en la que el presidente, José López Portillo, para calmar las aguas por su turbulenta llegada a Los Pinos, estableció que los partidos políticos son «Entidades Públicas» y fue así como empezó a destinárseles partidas económicas, y con ello la oportunidad de que la oposición pudiera competir y/o negociar.
El contexto ahora es diferente, tenemos una democracia procedimental mas o menos estable e instituciones que, en teoría, garantizan los procesos electorales.
Los partidos pueden y deben sostenerse de las aportaciones de sus militantes o simpatizantes y de las cuotas de quienes, emanados de estos organismos, ocupan cargos públicos, como regidurías o diputaciones. Ellos bien podrían (y en algunos partidos lo hacen) aportar un porcentaje de su salario para sostener a sus institutos políticos. Todo esto debe ir acompañado de mecanismos de control a la recepción del dinero. Es decir, que el Instituto Nacional Electoral haga su trabajo que desde hace mucho dejó de hacer: fiscalizar.
Además de los mecanismos de monitoreo y fiscalización de los recursos, hay que pensar en establecer nuevos topes para la operación. Es decir: el problema del derroche se terminaría prohibiendo los espectaculares, las cachuchas y las camisetas que nadie se pone, entre otras chucherías innecesarias. Con todo esto se reduce el alto costo de las campañas. Súmele usted la desaparición de los altos sueldos de presidentes y secretarios de partidos politicos y asunto arreglado. De que se puede, se puede.
Ya hay varios ejemplos, como el de el diputado independiente Pedro Kumamoto y otros más en el país que nos han demostrado que los ciudadanos no necesitan de carretadas de billetes para hacer campañas ingeniosas y triunfar en las urnas. No tenemos porque estar pagando las campañas de políticos que luego al encaramarse al poder trabajan por todo, menos por el pueblo. Vaya que es una pésima inversión mantener ese modelo obsoleto.
Si aún con todo esto hay quienes insisten en el financiamiento público a partidos, entonces lo único que pasaría es que nos dan la razón en dos cosas que muchos compartimos: en que los partidos nada más son centaveros y van tras la lana y que los organismos electorales nomás están de adorno y no hacen su chamba.
