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Claudia Franco * | 11 denoviembre de 2024
La acusación y resolución del fiscal del estado de Querétaro están plagadas de irregularidades y negligencias, y demuestran una total falta de respeto por los derechos y la protección de la infancia y la adolescencia, en especial por la ausencia de una perspectiva de género. Este caso, al igual que muchos otros, logró salir a la luz gracias a la presión de organizaciones civiles y activistas, quienes difundieron el testimonio real de Esmeralda.
Si bien el actual gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum creó la Secretaría de Mujeres y su primera titular, Citlalli Hernández Mora mantuvo una mesa de trabajo con el Fiscal de Querétaro, Víctor Antonio Jesús Hernández, solo puedo celebrar el que se haya acordado firmar un convenio de colaboración para capacitar al personal de la Fiscalía de ese estado. Con ello, realizarán sus labores con perspectiva de género y se dará vista al órgano Interno de control de la Fiscalía para que se inicien los procesos administrativos en contra de los servidores públicos responsables involucrados en la carpeta de investigación que hayan cometido alguna falla u omisión.
Sin embargo, en este caso como lo ha mencionado Adax Digitales A.C., la asociación involucrada en la defensa de la menor, no se trató de una negociación política el que la acusación injusta e indebida de Esmeralda sea sobreseída, sino que gracias a que alzamos la voz juntas, se logró la LEGALIDAD y JUSTICIA para la menor, ya que nunca existieron los elementos que establecieran la culpabilidad, se lograron esclarecer los hechos mediante pruebas que sostuvieron la inocencia de Esmeralda, quien nunca tuvo porque ser re victimizada por la institución.
Este caso atroz, como muchos otros en los que cientos de niñas, niños y mujeres sufren en silencio cada día, evidencia la urgente necesidad de que el Estado brinde una educación sexual integral.
La justicia y protección para las mujeres sigue siendo lejana, especialmente para las mujeres indígenas. Por eso, es crucial que quienes imparten justicia reciban una capacitación sólida en perspectiva de género y que se garantice protección efectiva para las personas más vulnerables.
Una vez más, queda claro que, en este sistema, quienes cometen actos de violencia a menudo son protegidos, mientras que las personas más vulnerables terminan pagando el precio.
