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Oscar Miguel Hernández Rivera | 13 de mayo de 2024
Tepatitlán de Morelos, Jalisco.- El caso de María Amparo Casar, actual presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), es uno que nos hace reflexionar sobre el poder y la transparencia en México. Según el presidente López Obrador, Casar recibió ilegalmente una pensión mensual de 125 mil pesos durante 20 años de Pemex, alegando que la muerte de su esposo fue un accidente, cuando en realidad fue un suicidio.
Este caso tiene dos caras. Por un lado, vemos a una mujer influyente, parte de una élite acostumbrada a obtener favores políticos. A simple vista, parece haber irregularidades, especialmente considerando su posición como coordinadora de asesores del secretario de gobernación en aquel entonces.
Es grave que se le haya asignado la pensión con tanta rapidez, algo que no sucede con cualquier ciudadano. Esto es un asunto de interés público que merece ser investigado.
Sin embargo, la forma en que el presidente ventiló este asunto en una conferencia de prensa no es la adecuada. Debería tratarse en las instancias correspondientes sin que parezca un acto de intimidación política hacia alguien crítico del gobierno. Esto no beneficia a nuestra democracia.
También es importante mencionar otros casos similares, como las investigaciones sobre propiedades de periodistas o empresarios críticos del gobierno, lo cual también parece un abuso de poder.
El tema es delicado, especialmente si el esposo de Casar se suicidó. No deberíamos estar discutiendo su vida privada en una conferencia pública. Pero en cuanto a la pensión, parece haber abuso de poder.
Es importante no perder de vista el verdadero problema: el presunto daño al erario público y la continuación del cobro de una pensión. Como líder de una organización anticorrupción, Casar debe ser transparente en este asunto.
Pemex ha presentado una denuncia por este daño, lo que nos recuerda la importancia de investigar y combatir la corrupción en todas sus formas.
El caso de María Amparo Casar nos lleva a una situación compleja y delicada, especialmente al involucrar al consejero de la judicatura federal y ex procurador general de justicia, Bernardo Bátiz.
Este caso se remonta a hace 20 años, cuando un alto funcionario de Pemex, según un dictamen forense, se suicidó, lo que generó acusaciones de abuso de poder y corrupción.
En su libro «Gracias», el presidente López Obrador detalla este asunto, directamente involucrando a Bernardo Bátiz. Se relata que, tras la muerte por supuesto suicidio del esposo de Casar, ella y Héctor Aguilar Camín se entrevistaron con Bátiz para solicitar que el acta de defunción se modificara de suicidio a accidente, con el fin de poder cobrar el seguro y recibir una pensión vitalicia de Pemex para ella y ayuda educativa para sus hijos.
En una entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, en Sin Embargo al Aire, Bernardo Bátiz separa dos aspectos del caso: la muerte del esposo de Casar y el litigio entre Pemex y Casar por la pensión. Respecto a la muerte, Bátiz explica que, según las investigaciones realizadas durante su mandato como procurador, se concluyó que fue un suicidio y no se modificó el acta de defunción. Aunque la causa de la muerte en el acta es conjunto de traumatismos, la averiguación previa concluyó que fue un acto voluntario por parte del fallecido.
El conflicto de fondo radica en el litigio entre Pemex y Casar sobre si esta última tenía derecho o no a la pensión, lo cual depende de la causa de la muerte según una regla que establece que el suicidio excluye el derecho a pensión. Aunque el acta de defunción menciona traumatismos como causa de la muerte, la averiguación previa sostiene la conclusión de que fue un suicidio.
En conclusión, el caso de María Amparo Casar y el papel que jugó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador nos llevan a reflexionar sobre la compleja relación entre el poder público y la ciudadanía, así como sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro sistema político.
Si bien es criticable la forma en que el presidente ventiló este tema, tanto en su libro como en la mañanera, exponiendo asuntos personales en un contexto público, también es importante reconocer que, sin esta acción, es probable que muchos actos de corrupción y abuso de poder permanezcan ocultos.
En ocasiones, los medios de comunicación y los propios funcionarios públicos pueden estar involucrados en encubrir u omitir información que comprometa a actores públicos o de élite. Por lo tanto, aunque es necesario cuestionar la manera en que se aborda públicamente este tipo de casos, también es fundamental que se den a conocer para garantizar la transparencia y la justicia en nuestra sociedad.
Este episodio nos recuerda la importancia de mantener un equilibrio entre la protección de la privacidad de las personas y la necesidad de informar al público sobre posibles actos de corrupción y abuso de poder. Solo a través de la exposición y el escrutinio público podemos trabajar hacia un sistema más justo y transparente para todos los ciudadanos.
