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*Oscar Miguel Rivera Hernández | 02 de junio de 2023
Jalisco, México.- Los datos y cifras presentados revelan una preocupante realidad en el Estado de Jalisco y plantean una serie de interrogantes sobre el desempeño de las autoridades en materia de seguridad. A lo largo de los años, ha surgido un descontento generalizado en relación con la gestión de la violencia y el crimen en la región, lo cual se ve reflejado en los alarmantes índices delictivos.
Es comprensible que el gobierno no desee ser evaluado ni medido en sus acciones, ya que esto implica exponer sus resultados y confrontar sus promesas. Sin embargo, es un derecho y una necesidad de la sociedad exigir rendición de cuentas a aquellos que han sido elegidos para gobernar y garantizar la seguridad de los ciudadanos. En el caso de la seguridad, es especialmente crucial que las autoridades cumplan con su deber y trabajen incansablemente para resolver los problemas que afectan a la población.
Sin embargo, la evaluación de la labor gubernamental en seguridad no es una tarea sencilla. Uno de los indicadores fundamentales es la incidencia delictiva, que abarca una variedad de delitos como homicidios, robos, extorsiones y desapariciones.
Lamentablemente, la confiabilidad de las cifras delictivas es un desafío. En muchos casos, la denuncia de los delitos depende de la voluntad de la víctima, y las fiscalías, que a menudo no brindan un ambiente propicio para fomentar la denuncia. Esto puede llevar a una subestimación de los delitos cometidos y distorsionar la percepción de la realidad. En consecuencia, se genera una desconfianza en los informes y estadísticas proporcionados por el gobierno.
En el caso específico del Gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, los datos presentados son alarmantes. La administración se ha caracterizado por un incremento significativo en los índices de violencia homicida, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas. Estas cifras indican una clara falta de resultados y una gestión ineficiente en materia de seguridad. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en la actual administración se han interpuesto 13 mil 157 denuncias por desaparición de personas en Jalisco, de las cuales seis mil 549 siguen sin ser localizadas.
Es evidente que las autoridades del Gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco han fallado en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Los altos índices de violencia homicida, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas son un reflejo de la falta de estrategias efectivas y acciones contundentes por parte de las autoridades.
La cifra récord de asesinatos en el estado durante el periodo de gobierno de Alfaro es preocupante y demuestra que las medidas implementadas hasta ahora no han sido suficientes para contener la violencia. Además, el aumento en el número de desaparecidos y la falta de resultados en las investigaciones son un claro indicio de la ineficiencia de las autoridades en este ámbito.
Es especialmente alarmante el hecho de que las familias de las víctimas se hayan visto obligadas a buscar a sus seres queridos por su cuenta debido a las deficiencias y la falta de transparencia en las investigaciones oficiales. Esto evidencia una falta de apoyo y respaldo por parte de las autoridades, así como una falta de voluntad para abordar el problema de manera efectiva.
Es necesario que el Gobierno de Jalisco asuma la responsabilidad de esta situación y tome medidas urgentes para mejorar la seguridad en el estado. Esto implica implementar políticas y estrategias eficientes, fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, mejorar la coordinación entre las diferentes fuerzas del orden y promover una cultura de rendición de cuentas y transparencia.
Los ciudadanos tienen derecho a vivir en un entorno seguro y protegido, y es responsabilidad de las autoridades garantizar esta seguridad. La evaluación y la crítica constructiva son fundamentales para exigir un cambio y una mejora en la gestión de la seguridad. La sociedad debe seguir exigiendo resultados y presionando a las autoridades para que cumplan con su deber de proteger y servir a los ciudadanos.
En conclusión, el Gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco ha enfrentado un incremento alarmante en la violencia homicida, desapariciones y hallazgos de fosas clandestinas. Es necesario que las autoridades asuman la responsabilidad de esta situación, implementen medidas efectivas y trabajen en conjunto con la sociedad para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
