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Que se declare a la Cuenca del Río Verde como zona de interés público, y que la región de Los Altos sea denominada zona prioritaria para la seguridad alimentaria del país, así como evitar el trasvase de agua a Léon, no inundar los pueblos y no llevar la cortina más allá de los 60 metros de altura, son las solicitudes que diversas instituciones, organismos de la Sociedad Civil, Cámaras de Comercio, e instituciones Universitarias de Jalisco han pronunciado respecto al Proyecto general de la Presa El Zapotillo hacia el Gobierno estatal y Federal.
Como parte de las exigencias de los organismos sociales, está la cancelación del trasvase de agua a León, ya que estas acciones tendrían graves consecuencias en materia medio ambiental, social y económico.
A través de un desplegado, las instituciones reprocharon que el proyecto, desde el principio, se haya lanzado sin siquiera haber consultado a los jaliscienses, y que el mismo no cuente con los estudios ambientales, sociales, culturales y económicos necesarios.
Otra de las solicitudes fue que la Cuenca del Río Verde sea declarada de interés público, pues Los Altos son una zona prioritaria para la producción de alimentos.
Lamentaron que el proyecto de la Presa se haya emitido como un esquema de negocio y privatización del agua, el cual podría generar a futuro grandes conflictos sociales y económicos en Los Altos, precisamente porque este esquema pondría en riesgo la producción alimentaria que aquí se genera y que abastece a gran parte del territorio mexicano (En Los Altos se produce un cuarto de los alimentos de origen animal del país: huevo, leche, cerdo, res, etc).
Dentro de los puntos expuestos, demandaron que la cortina de la presa El Zapotillo solo sea levantada a 60 metros de altitud, para así evitar que las comunidades de Acasico, Palmarejo y Temacapulín sean inundadas .
Pidieron que se revise el proyecto bajo el principio “precautorio” ambiental correspondiente. Y que se respeten los derechos humanos y se de paso a una gestión integral del agua en Jalisco.
Como parte de las peticiones hechas al Gobierno, las instituciones solicitaron ser tomadas en cuenta dentro de las mesas de análisis, las cuales sean vinculantes.
El acuerdo fue firmado por más de 16 instituciones, una decena de representantes sociales de rancherías y muncipios alteños, así como una treintena de asociaciones ganaderas y o sociales, y organismos colegiados.
