Desapariciones forzadas en Jalisco | RE-EVOLUCIÓN

Una de las prácticas más comunes en Jalisco es la “Desaparición Forzada”.

Esta se lleva a cabo por parte de los delincuentes a cualquier hora del día, y contra cualquier persona, sin importar giro, condición económica, política o social de las víctimas.

También puede ser en lo individual o en grupo como el caso de Zapopan, en el que levantaron a 7 personas en un evento. Aparentemente por conflictos de tierras y que fueron localizados con salud posteriormente.

Sin embargo lo común es que los levantados no regresan a sus hogares.

Resulta grave que el mismo Gobernador admite que la delincuencia organizada esta infiltrada en instancias relacionadas con la seguridad en Jalisco.

Jalisco es el estado con el mayor número de cuerpos encontrados en fosas clandestinas, es decir, el 42.96 por ciento del total nacional está en la entidad, de la mano, Jalisco también es la entidad con el mayor número de desaparecidos, al menos son 12 mil 343.

• Guadalajara tiene 2,416 personas con este estatus,
• Zapopan 1,792,
• Tlajomulco con 1,110,
• Tonalá 509,
• El Salto 498,
• Puerto Vallarta 409,
• Lagos de Moreno 342,
• Tepatitlán 252.

La realidad es que prácticamente no hay sanciones en Jalisco, la impunidad es el
monstruo que alimenta a quienes practican esta actividad. El nivel de impunidad en Jalisco es de 96.2 por ciento. Pero en cuanto al delito de desaparecidos es superior.

De acuerdo con el artículo 2 de la Convención contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Una desaparición forzada viola un conjunto de derechos humanos, tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y culturales, entre otros:

• Derecho a la libertad y seguridad de la persona.
• Derecho a no ser sometido a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• Derecho a la verdad, particularmente a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición.
• Derecho a la protección y a la asistencia a la familia.
• Derecho a un nivel de vida adecuado.
• Derecho a la salud.
• Derecho a la educación.
• Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
• Derecho a la vida, en caso de muerte de la persona desaparecida.

Uno de los casos más mediáticos sobre desaparición forzada recientemente fue el de la familia Villaseñor, que después de estar 15 días en el estatus de desaparecidos, en días pasados aparecieron con vida en una gasolinera en Jalisco, de quienes no se tenía pistas desde el pasado 25 de marzo cuando regresaban de sus vacaciones de la Ciudad de México.

Cuatro miembros de la familia, tres adultos y un niño de 9 años fueron liberados alrededor de las 2:30 a.m. el viernes, en la comunidad de la Laja, municipio de Zapotlanejo, a unos cuantos kilómetros de donde habían sido levantados.

Todos se encontraban en buen estado de salud.

Un día antes, las autoridades habían reportado el jueves que Julia Villaseñor, una niña de solo 18 meses, había sido encontrada en buen estado de salud en un lote baldío en el municipio de la Barca Jalisco.

La autoridad mezquinamente intento lucrar con este “hallazgo”, cuando en realidad nada tuvo que ver con el mismo, sino que fue decisión de los criminales dejarlos en libertad.

Otro caso que sigue vigente es el de Jaime Jonathan Lira Torres, que en días pasados fue “levantado” y se desconoce su paradero.

Recientemente un grupo de 30 miembros de la marina fue acusado y encarcelado por presuntamente su presunta participación en una serie de desapariciones forzadas en Tamaulipas, lo cual es un hecho sin precedentes en el México contemporáneo.