El siglo XXI nos ha favorecido con la era digital en la que vivimos, por ello es que se están imponiendo a nivel mundial las Smart Cities, que tienen como tendencia la digitalización de todas las áreas en la vida del hombre.
Son un paso más de la transformación que va llegando, los países previsores consideran que en el año 2050 se espera que el 70 por ciento de la población viva en grandes ciudades.
Las ciudades inteligentes son el modelo de ciudad que busca integrar la tecnología y la innovación para lograr un desarrollo sostenible de la misma poniendo el enfoque en el máximo beneficio para el ciudadano.
Una de las máximas herramientas que en este momento se puede utilizar en beneficio de la sociedad es el uso adecuado de la videovigilancia.
Como sabemos, uno de los problemas más graves que enfrenta México, y Jalisco no es la excepción, es el de la inseguridad y violencia, aquí se le llama C5.
En virtud de ello es que se debe obtener el máximo provecho para prevenir, contener y ubicar hechos delictivos.
El C5 no lo es todo, es todo un sistema que debe funcionar adecuadamente para poder lograr resultados exitosos.
En primer lugar en la sociedad debe de haber un sistema de distribución de la riqueza adecuado, una sociedad con oportunidades de desarrollo para todos, con la finalidad de que se eviten delitos masivos por necesidad.
Otro punto es la verticalidad de las autoridades en el cumplimiento de sus funciones, pues sabemos que en ocasiones las autoridades son un eslabón más de la delincuencia organizada, en la que en algunos casos, los mismos “servidores públicos” llegan a ser empleados de la delincuencia organizada debido a la corrupción, y posteriormente al temor de ser presa de alguna represalia cuando las autoridades se insubordinen.
Un elemento importante es la participación de la ciudadanía denunciando ante las autoridades a la personas sospechosas o delitos consumados, para ello es menester que las autoridades gocen de la credibilidad social, pues de lo contrario solo se dispara la cifra negra, dicho en otras palabras la realidad es muy distinta a las estadísticas de gobierno.
En días pasados, tuve la oportunidad de participar en una entrevista que llevo a cabo el periodista Enrique Osorio de Mural, cabeceada de la siguiente manera: “Aprovecha CDMX C5; aquí, no tanto”. En la que hacemos un contraste de la efectividad del aprovechamiento de las cámaras en la videovigilancia entre Jalisco y CDMX.
Lamentablemente Jalisco ha despilfarrado millonadas de dinero, pero obtiene muy pocos resultados.
Aunque las inversiones económicas son fuertes en estos estados, en Jalisco no ofrecen los mismos resultados contra la violencia.
Por alguna perversa razón en Jalisco funciona relativamente en delitos menores pero no funciona en asesinatos ni levantones.
Un ejemplo claro del adecuado funcionamiento del C5 en la ciudad de México fue el atentado que sufrió Omar García, pues en unas cuantas horas se llevaron a cabo hasta 19 detenciones, mientras en Jalisco se llevan a cabo ejecuciones y levantones sin una detención.
Para colmo de males en días pasados vandalizaron cerca de una treintena de postes del C5, ellos también fueron víctimas de la delincuencia, no hubo un solo detenido. Los daños son cuantiosos, pero no hay problema, dinero hay, pues los aportan los ciudadanos a través del pago de sus impuestos.
Para el sistema en Jalisco se emplearon 895 millones de pesos, según la información obtenida vía transparencia entre el 6 de diciembre de 2018 y el 15 de enero pasado, la fiscalía había detenido sólo a 76 personas con ayuda del sistema, 67 de ellas por robo equiparado que es cuando se detiene a personas con vehículos robados.
Lamentablemente en Jalisco las privaciones ilegales de la libertad y ejecuciones no dejan de incrementar. Por privaciones ilegales de libertad hubo 445 casos en el primer cuatrimestre de 2020, las ejecuciones al momento se aproximan a 2 mil casos, ademas los hallazgos de fosas clandestinas son el pan de cada día, pues se encuentran un día sí y otro también.
En mi opinión: hay temor por parte de la autoridad o están involucrados con la delincuencia organizada, a menos que los equipos millonarios que han gastado no sirvan de nada, lo cual serían actos de corrupción a gran escala.
– Doctor en Derecho. Integrante de Observatorio de Seguridad y Justicia. Benemérita Universidad de Guadalajara “Piensa y Trabaja”.