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Rodolfo Guerrero Martínez | @RodolfoGMtz | 26 de julio de 2019
Esta semana se anunció el aumento al transporte público de un precio de $7.00 a $9.50, o más bien 10 pesos, porque así se establece en las tarjetas prepagadas de ‘Mi Movilidad’ que es un beneficio directo a nómina de ayuda a los trabajadores en su gasto familiar.
Lo anterior es incongruente cuando el salario de ocho de cada diez empleados en México es de aproximadamente 3,254 pesos mensuales. De las 52.9 millones de personas ocupadas en ambos sectores de la economía mexicana (formal e informal), 43.3 millones de trabajadores ganan de 0 a 5 salarios mínimos (88.36 pesos diarios) de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Primer Trimestre de 2018 del INEGI, y a partir del día 1° de enero de 2019 el salario mínimo es de $102.68 que representa un aumento por fijación de 5%, y desafortunadamente esto no es respetado por la mayoría de los patrones.
Tras la declaración al aumento del transporte por parte del Gobernador del Estado de Jalisco, no se hizo esperar de inmediato la protesta, el rechazo y el linchamiento desde las tribunas digitales de la ciudadanía. En lo particular, destaca la captura de un tuit de la cuenta de Enrique Alfaro Ramírez con fecha del 18 de diciembre de 2015, hecha por los cibernautas, donde a la letra rechazaba el aumento del transporte público hasta que los transportistas cumplieran con las mejoras en el servicio.
Se dice que el transporte público debe subir para garantizar la calidad, y que esto sea parte del inicio hacia un Sistema Integral de Movilidad para Jalisco, sin embargo, es importante preguntarnos, ¿en verdad todas las obras planteadas terminarán antes de los seis años del actual gobierno?
Por otra parte, se declara que el aumento a la tarifa del transporte se había acordado en un decreto por la Comisión Tarifaria del Gobierno pasado para ser preciso el día 7 de agosto, pero en realidad el acuerdo del dictamen del acta se refiere al transporte colectivo (de unidades que circulan en la ciudad), los cuales forman parte del proceso de la ruta empresa, no se contempla el transporte masivo que es el Tren ligero y el Macrobús.
Entonces es válido también preguntarnos, ¿a dónde se dirigirá el dinero del aumento? ¿Podrán los ciudadanos verificar que el aumento al transporte beneficiará a otros sectores como lo son salud, seguridad social, seguridad pública, entre otros?
No se trata de lapidar a una figura pública, al gobierno, lo cual no debe ser el propósito, sino de ver la legalidad del asunto, y de la manifestación congruente, ordena y justificada para saber el porqué de las cosas.
“Es de sabios equivocarse, pero es de grandes reconocer cuando no se toma una buena decisión que resuelva los problemas de raíz”.
Rodolfo Guerrero Martínez es Abogado por la Universidad de Guadalajara. Fundador y coordi
nador de Café Jurídico.
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