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Staff Kiosco Informativo | @julio_rios | 16 de mayo de 2019
“Somos autónomos”. Ese es el argumento absurdo que esgrimen en el Poder Judicial para negarse a someterse a pruebas de control de confianza, tal y como lo propone la iniciativa de ley enviada por el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez al Congreso de Jalisco, la cual reúne el sentir de activistas, académicos y ciudadanos interesados en una impartición de justicia más transparente.
Esta iniciativa, que desde mi punto de vista es positiva y que pondría a Jalisco, una vez más, como ejemplo nacional (ya lo ha sido en cuanto a la integración de su órgano garante de transparencia y su sistema estatal anticorrupción), no agradó a algunos magistrados y juecesquienes casi inmediatamente, en cuanto conocieron la propuesta, sacaron las uñas.
Los exámenes de control de confianza son sanos y deseables para los servidores públicos que tienen que ver con el tema de la seguridad y la justicia. Si los uniformados y mandos policíacos están obligados a someterse a esas pruebas, y también deben realizarlos quienes están en el renglón de la procuración de justicia (fiscales), con más razón deben realizarlo quienes imparten justicia: jueces y magistrados.
Muchos dicen que los exámenes de control y confianza, no son la panacea. Que aún con esas evaluaciones se han colado malos policías y peores agentes del ministerio público. Tienen razón. Pero eso no es un argumento suficiente para eliminar esos exámenes de control de confianza.
Al contrario. Lo que debemos hacer es fortalecer estas pruebas de confianza, procurar que sirvan y aplicarla a todos. Esto incluye, por supuesto, a los integrantes del Poder Judicial.
Ahora, sobre el gastado argumento de la autonomía, de forma muy sintetizada regresemos a nuestras aulas de universidad y recordemos lo que dice la teoría política liberal (fuente del derecho moderno, por supuesto).
Según la concepción liberal del Estado, las competencias se distribuyen entre los poderes: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Este modelo permite no sólo una delimitación de atribuciones, sino también un ejercicio de pesos y contrapesos. Los tres poderes se rinden cuentas y se vigilan entre sí.
En las cartas número 57 y 58 de los Papeles del Federalista, de 1788, el legendario teórico (y a la postre presidente de Estados Unidos) James Madison disecciona los conceptos de la separación y el control de poderes. Esgrime la conveniencia de los que los tres poderes – que en ese tiempo se conocían como departamentos- no estén absolutamente aislados unos de otros.
“Los departamentos legislativo, ejecutivo y judicial de ningún modo se hallan totalmente separados y diferenciados entre sí”, decía Madison.
El autor reflexionaba entonces, que un dictador o un tirano, concentra en sí misma las funciones ejecutivas, legislativas y judiciales. Él es la ley, y también juzga y ejecuta.
Y agrega, a groso modo, que aunque la separación de poderes resuelve ese problema, el dejar a cada poder sin posibilidad de ser vigilado, sería como tener a varios dictadores, intocables cada uno en su esfera. Tres poderes dictatoriales.
Por supuesto que creo en la autonomía de los poderes. No tendría sentido una democracia sin esa autonomía. Pero la autonomía tiene que ver con que ningún ente o personaje tenga injerencia en las labores sustantivas del otro poder. Que alguien metiera su cuchara en el sentido de las sentencias que emite un juzgador (lo cual tristemente ha llegado a ocurrir en algunos casos), sí es vulnerar la autonomía. Vigilar sus finanzas o hacerles pruebas de control de confianza, NO INVADE AUTONOMÍA.
Por eso, la contrapropuesta del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Suro, de que el mismo Poder Judicial se encargue de aplicar las pruebas de Control de Confianza a través de una instancia creada para tal fin, me parece un sinsentido.
¿Se imagina usted a un empleado que se haga su propio examen para ingresar a un trabajo? O un futbolista que se haga el antidoping a sí mismo? Por supuesto que es absurdo.
A todo esto, la única salida será la voluntad política de los integrantes del Poder Judicial. No sólo para los exámenes de control de confianza. Sino también para renunciar al legal, pero inmoral, haber de retiro. Y también para que los jueces acepten revaluarse cada cuatro años para definir si continúan en el cargo.
Es triste. La única salida es que el Espíritu Santo ilumine los duros corazones de algunos integrantes del Poder Judicial y surja, milagrosamente esa voluntad política que escasea. No sólo en los integrantes de este poder, sino en casi toda la clase política.
Una vez más, los ciudadanos –quienes pagamos sus salarios- esperamos sensibilidad. Que triste que tenga que hacerse en términos de una concesión graciosa. Pero sin voluntad política, no hay avance que se concrete.
Julio Ríos es periodista de la Fuente Política en el Estado de Jalisco. Labora en medios como el Canal 44, Radio UdeG así cómo La Gaceta, todos medios de la Universidad de Guadalajara. También es columnista del portal web SDP Noticias.