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Gustavo Lozano | @GustavoLozaRed | 21 de agosto de 2018
El Congreso del Estado de Jalisco tiene en sus manos uno de esos momentos incómodos en que debe tomar decisiones, o en beneficio de la sociedad y su dinero o de sus intereses particulares:
La situación de la regulación del dinero que se paga a medios de comunicación por concepto de publicidad, llegó a nuestro estado y los diputados y diputadas deben legislar una iniciativa en la materia en beneficio del ciudadano.
El origen
Ante la falta de una Ley que regulara el gasto que realizan los gobiernos en publicidad oficial, tal y como lo establece el artículo 134 de la Constitución Mexicana, la organización Artículo 19 presentó una demanda de amparo para que se obligara a las autoridades a crear una Ley en torno al tema, caso que finalmente recayó en una sentencia en sentido favorable, la cual fue dictada por la Suprema Corte de Justicia y ordenó legislar sobre la materia.
La Ley General De Comunicación Social, apodada Ley Chayote, es la legislación con la que las autoridades federales pretenden dar cumplimiento a la exigencia de regular el gasto en publicidad de los gobiernos federales y dentro de uno de sus artículos se ordenó a los congresos de los estados, crear una legislación local que controle este gasto en sus territorios.
A pocos días del nacimiento de la Ley Chayote, esta fue impugnada por organizaciones de la sociedad civil y regresó ante la Suprema Corte, debido a que se consideró que iba en contra de la Constitución Federal y seguía sin cumplir con su objetivo, ya delimitado por la Corte en la primera sentencia: regular de manera clara y eficiente el gasto en publicidad oficial.
El caso Jalisco
En el Congreso del Estado de Jalisco, buscando cumplir con la Ley Chayote, se fueron presentando diversas iniciativas de Ley por los partidos políticos PRI, PAN, PRD, Partido Verde Ecologista y finalmente la del Diputado Kumamoto, en conjunto con las organizaciones Fundar, Artículo 19 y la AMEDI Jalisco, apodada #MiDineroNoEsChayote.
Fue el día 8 de agosto cuando públicamente el Diputado Kumamoto, la presidenta de AMEDI JALISCO Rosalía Orozco y los consejeros de esta asociación Bernardo Masini y Cristina Romo, presentaron su iniciativa de Ley, la cual fue acompañada por organizaciones como Fundar y Artículo 19, especialistas en temas de transparencia, combate a la corrupción, telecomunicaciones, periodismo y defensa de derechos humanos.
Esta iniciativa propuso entre otros temas, lo siguiente:
- Limita el gasto en publicidad al 0.1 % del presupuesto anual
- Sanciona a entes públicos y privados por violar la ley
- Crea un padrón estatal de medios (incluidos electrónicos)
- Obliga a transparentar el gasto en este rubro
- Integra a la Auditoría de Jalisco en el proceso
- Se fijan criterios para la asignación de contratos de publicidad a medios
- Obliga a los medios a tener un Código de Ética, defensor de las audiencias y a garantizar el derecho de réplica de ciudadanos afectados por una noticia
- Se prohíbe la asignación y contratación de la publicidad oficial a medios de comunicación cuyos titulares fuesen servidores públicos de los sujetos obligados
- Crea un Consejo Ciudadano que vigilará las políticas públicas del gasto en comunicación social
Los primeros actos del Congreso del Estado de Jalisco que comenzaron a generar sospechas en la sociedad civil, iniciaron el día 15 de agosto, cuando se aprobó un borrador de iniciativa de ley que fusiona todas las propuestas de los partidos políticos, dejando fuera la del Diputado Kumamoto y acompañantes, bajo el pretexto, de “ya ir tarde en el proceso”, dando esperanzas de que en su momento se agregarían puntos trascendentes.
La iniciativa de Ley de los partidos políticos, cuenta con 30 artículos y básicamente se encarga de dejar intactos los vicios señalados por distintas organizaciones y entes gubernamentales a nivel federal, además de los conceptos por los cuales se impugnó originalmente la Ley Chayote, normando únicamente y de manera somera contenidos de campañas de comunicación, gastos, estrategias, un padrón de medios y un consejo consultivo.
Algunas de las cuestiones por las que se considera, que de no incluirse algunos aspectos de la iniciativa #MiDineroNoEsChayote, se estarían duplicando los errores y deficiencias de la Ley Chayote, son los siguientes:
Una de las cosas que agradan a la ciudadanía, es enterarse que sus representantes aprueban disminuciones en gastos públicos que no tienen incidencia o beneficio directo en sus vidas, en el caso de la iniciativa que fue aprobada en Comisiones, esta propone que se siga gastando el mismo 0.3% del presupuesto fiscal en publicidad y cuestiones afines que ya se gastaba.
Si el ciudadano tenía puesta la esperanza en que Jalisco sería punta de lanza en el tema de la publicidad oficial y austeridad, podría volver a llevarse otra de las tantas decepciones que la política le ha dado, ya que el dictamen no modifica el tema del gasto, entonces la única iniciativa restante que propondría una disminución económica sería la de #MiDineroNoEsChayote, disminuyendo del 0.3% al 0.1% el gasto en publicidad del ejercicio fiscal anual de que se trate.
No se establece un límite en el gasto en informes anuales de trabajo, lo cual da pie a que se siga despilfarrando dinero público en eventos faraónicos planeados para el círculo rojo, personas consideradas importantes en la vida pública del estado o afines a intereses de políticos, ¿porque no se realizan estos informes en lugares públicos, para todos, donde pueda asistir cualquier ciudadano?
Sobre a la asignación de contratos a los medios de comunicación por difundir campañas de comunicación social, no se prevé nada claro, lo cual es grave, ya que es uno de los temas trascendentes relacionados directamente al llamado Chayote y que tiene algunas de las siguientes características:
Apoyar posiciones de gobierno con noticias, posicionar temas, emitir opiniones de comentaristas o columnistas con objetivos, tratar a los políticos suavemente a cambio de banners en sitios web con poco tráfico de lectores o simplemente replicar únicamente los logros de un gobierno y callar los errores, son actos que dinamitan la democracia y moldean parte de la opinión pública a donde el político quiere, siempre pensando en la próxima elección o en quitar la presión que carga algún tema coyuntural.
Es por ello que el tema de la equidad y del cumplimiento de requisitos para la asignación de publicidad a medios es importante, al igual que los límites a los montos asignados y la transparencia, por lo que la iniciativa #MiDineroNoEsChayote, establece entre otros requisitos para esta asignación, el contar un defensor de las audiencias y garantizar el mecanismo adecuado para ejercer el derecho de réplica, además de establecer diversos requisitos para ingresar al padrón de medios y poder ser contratado como proveedor del gobierno.
Respecto a la importancia del derecho de réplica y el defensor de las audiencias, medios de comunicación, sobre todo digitales publican noticias que violan la vida privada de las personas o lo previsto en la Constitución Mexicana o en el Código Nacional de Procedimientos Penales, violentando el derecho a la presunción de inocencia de personas, criminalizando, estigmatizando o dañando la imagen personal, en ocasiones sin el mínimo sustento, buscando únicamente ganar clics.
El Consejo Consultivo que se propone excluye de las decisiones importantes a la sociedad civil organizada y a los profesionales de la comunicación, ya que, en su integración, predispone su participación e invitación, a la voluntad del presidente del organismo, dejándolos sin derecho a voto, al final los incluye a una contraloría que tiene no tiene facultades expresas en la iniciativa ósea sin dientes.
¿Qué parámetros debe seguir el Congreso del Estado de Jalisco?
Cuando la Suprema Corte emitió sentencia en el juicio de Artículo 19, dejó para la posteridad diversas interpretaciones del tema con principios a desarrollar, los cuales sirven de guía para resolver casos futuros, algunos de ellos fueron los siguientes:
- Los medios de comunicación no tienen un derecho constituido a que se les asignen recursos estatales por difundir publicidad oficial.
- El gasto en comunicación social del gobierno debe atender a los principios previstos en el artículo 134 constitucional.
- La libertad de expresión no se debe ver afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto.
- Se debe buscar equilibrar la asignación de dinero a medios y evitar canalizar los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y evitar que se niegue el acceso a esos recursos -o simplemente se amenace con restringirlo- a los medios de comunicación que son críticos con las políticas del gobierno.
Y si la Ley Chayote de Jalisco nace sin prever mecanismos, reglas claras y detalladas de asignación de publicidad oficial es evidente que la misma va en contra de los razonamientos citados emitidos por la Suprema Corte y podría ser materia de impugnación o reforma en la siguiente legislatura.
Recordemos que MORENA, tendrá fuerte presencia en la conformación del próximo Congreso del Estado de Jalisco y en todo ámbito gubernamental, al menos en teoría tienen el encargo de su líder nacional el presidente electo Andrés Manuel López Obrador de disminuir el gasto en este rubro, por lo que el día de mañana podrían fácilmente revertir el nacimiento de una Ley Chayote Jalisciense si se lo proponen.
El Futuro es incierto
Como dice el principio general del derecho: Permittiur Quod Non Prohibetur o se presume que está permitido lo que no está prohibido aunado al dicho popular que reza: el diablo está en los detalles, sin una debida y expresa reglamentación todo seguirá igual y los gobiernos podrán gastar por ejemplo 1 millón de pesos en bonitos banners y dejar a un hospital sin ese dinero que pudo ser aplicado en algo de mayor utilidad para la ciudadanía.
De cualquier modo, la sociedad siempre estará vigilante a lo que suceda y lo recordará en las elecciones, como evidenciaron los votantes en el pasado proceso electoral federal, donde a los candidatos del PRI-Partido Verde y PAN-PRD, les cobraron sus actos y omisiones a lo largo de años, demostrando que las personas sí tienen memoria política.
