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Oscar Miguel Rivera Hernández | 30 de agosto de 2024
A partir del próximo año, los habitantes de Tepatitlán enfrentaremos un nuevo cargo en nuestro recibos de luz: 50 pesos bimestrales por concepto de alumbrado público. Aunque la cantidad podría parecer modesta, este cobro representa mucho más que un simple costo adicional; plantea preguntas fundamentales sobre la gestión y responsabilidades del gobierno municipal.
Es importante recordar que el alumbrado público es una obligación constitucional, estipulada en el artículo 115 de nuestra Constitución. Según este precepto, los municipios, como el de Tepatitlán, deben garantizar este servicio a sus ciudadanos. Entonces, ¿por qué se nos pretende aplicar un nuevo pago por algo que debería estar garantizado por ley?
El alumbrado público no es solo una necesidad básica; es esencial para la seguridad y la calidad de vida en nuestras comunidades. Sin embargo, en varias zonas de Tepatitlán, el servicio es deficiente o inexistente. Esto hace que el nuevo cobro de 50 pesos sea visto como injusto y difícil de justificar, especialmente cuando los ciudadanos ya contribuyen al presupuesto municipal a través de diversos impuestos.
Este nuevo cargo ha generado descontento, y con razón. La falta de luminarias en algunas áreas y el mal funcionamiento en otras han llevado a muchos a preguntarse en qué se invertirá realmente este dinero adicional. Además, la falta de transparencia por parte del gobierno municipal sobre cómo se utilizarán estos fondos solo incrementa la desconfianza.
Desde la perspectiva oficial, podría argumentarse que este cobro es necesario para mantener la sostenibilidad del servicio. Sin embargo, la justificación no ha sido clara ni comunicada adecuadamente a la población, que desde luego, no la va a haber, lo que ha exacerbado la frustración ciudadana.
El nuevo reglamento de alumbrado público, aprobado recientemente en una sesión de Ayuntamiento, incluye este cobro en la propuesta de ley de ingresos para el ejercicio 2025. Se espera recaudar alrededor de 23 millones de pesos al año con esta medida. Otro argumento, es que podría extenderse a otros municipios del estado, siguiendo las recomendaciones del INDETEC (Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas). Pero esto nos lleva a una pregunta crucial: ¿Es más importante seguir estas recomendaciones que respetar lo que dicta nuestra Constitución?
Para concluir, el nuevo cobro por el alumbrado público en Tepatitlán no es solo una cuestión económica, sino un indicador de cómo nuestras autoridades están gestionando sus responsabilidades. El Ayuntamiento debe reconsiderar esta decisión, recordando que el alumbrado público no es un lujo, sino un derecho garantizado por la Constitución, que debe ser proporcionado sin imponer cargas adicionales a los ciudadanos.
Es momento de que nuestras autoridades se comprometan a cumplir con sus obligaciones, sin buscar excusas para aumentar los costos a la población. Porque, al final, lo que realmente necesitamos no es una tarifa extra en nuestros recibos de luz, sino un servicio eficiente y garantizado, como lo establece nuestra Constitución.
