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Ejército Mexicano Foto: El Diario de Coahuila

Ley de Seguridad Interior | Re – evolución

Francisco Jiménez Reynoso* | jimenezabogado@gmail.com |06 de marzo de 2017

Atención mexicanos, estamos a punto de entrar en una nueva etapa en México, misma que podría no tener punto de retorno.

Hay al menos cinco propuestas en el Congreso de la Unión, con la intención de militarizar México. Recordemos que desde hace diez años, el entonces presidente de México: Felipe Calderón Hinojosa, sacó de sus cuarteles a las Fuerzas Armadas. Por décadas, de todas las instituciones mexicanas, las Fuerzas Armadas eran las que gozaban de una seria credibilidad por parte de la ciudadanía.

En estos últimos 10 años, obedeciendo órdenes de civiles, políticos gobernantes en turno, que en términos generales y salvo muy contadas excepciones, son corruptos e incompetentes, han transformado a este país en un paraíso donde reina la corrupción y la impunidad.

Pues bien, como en estos últimos diez años no ha habido quién o quiénes construyan una policía competente, capaz de resolver los problemas de la inseguridad en nuestro país, es que esta clase política que nos gobierna, esta apunto de legislar para regularizar la situación de las fuerzas armadas en las calles, haciendo funciones policiacas (cuestión que ha venido haciendo desde hace 10 años).

Esto aparenta ser la rendición de los civiles en materia de seguridad en nuestro país. El nombre de la iniciativa que pretende normalizar el actuar de las fuerzas armadas en las calles haciendo labores policiacas es: LEY DE SEGURIDAD INTERIOR.

La pregunta es: ¿será la única salida, el sacar a las fuerzas armadas a patrullar nuestras calles?

¿No sería mejor comenzar desde el principio, diseñar un esquema serio para seleccionar a los mejores perfiles encargados de la Seguridad en nuestro país y respectivos estados?

En Jalisco ya tenemos una propuesta en este sentido (un mecanismo de evaluación para los aspirantes a ocupar cargos de responsabilidad en materia de seguridad).

El problema es que los políticos en turno, en las últimas décadas se han aferrado a nombrar y seguir nombrando a las máximas autoridades en materia de seguridad de una manera personal, caprichosa, haciendo un botin inter-partidista con el objeto de satisfacer sus egos y ambiciones personales. A cambio de tener un país que se está cayendo a pedazos por los graves problemas de inseguridad que padecemos en México.

Es importante señalar lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21 párrafo 9, 10 y 11 respectivamente: “La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.

Las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas:

La regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, evaluación, reconocimiento y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas acciones será competencia de la Federación, las entidades federativas y los Municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones”.

Lo que no piensan estos políticos que tanto han dañado a nuestro país, es que al sacar a nuestras fuerzas armadas mexicanas, se les expone seriamente en cuanto a credibilidad se refiere. Sus conocimientos y practicas no son de labores preventivas de delitos, sino castrenses y de corte militar. Por ello y de forma natural, no son compatibles con un exigente sistema de respeto a los derechos humanos. Probablemente estamos a un paso de un autogolpe de estado.

Pareciera que Enrique Peña Nieto y el General Salvador Cienfuegos Zepeda, están acordando una ruta de transito en el poder en México.

Francisco Jiménez Reynoso, quien es escribe esta columna es Doctor en Derecho e Investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades.  jimenezabogado@gmail.com
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